La reclamación de María Luisa Muñoz ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos merece que se esclarezca si esta mujer, que reclama la pensión de viudedad que el Estado le niega por haberse casado por el rito gitano – no reconocido en el Código Civil – ha sido víctima o no de un caso de discriminación. La disparidad de pronunciamientos judiciales a los que ha dado lugar su expediente en España, subraya la complejidad de este contencioso, en el que la demandante se considera una víctima de prejuicios raciales; y en el que la no incorporación del matrimonio gitano a la legislación española colisiona con el hecho de que al marido fallecido se le reconocieran cotizaciones durante 19 años y de que él, su mujer y sus seis hijos sí constaran como familia numerosa. El respeto a la ley y a sus requerimientos es una exigencia insoslayable en cualquier Estado democrático. Lo que debe dilucidarse es si eso justifica la negativa a pagar la pensión y si esa negativa ha vulnerado o no los derechos de la demandante.