| Europa se hace fuerte contra la inmigración ilegal

El continente que más emigrantes ha enviado al resto del mundo a lo largo de la historia se ha convertido en una fortaleza infranqueable para quienes quieren entrar en él sin permiso. Aviones, fragatas y radares vigilan las aguas del Estrecho, Canarias y el Mediterráneo; en los aeropuertos se detiene a quienes aterrizan sin visado o sin el dinero suficiente para probar que son turistas, y no inmigrantes ; y a quienes pasan esos filtros, si son descubiertos, se les detiene y envía a un centro de reclusión para tramitar su repatriación.

La inmigración ilegal ya era un quebradero de cabeza para la UE cuando las cosas iban bien, y no porque los extranjeros dieran problemas, sino porque su presencia alimentaba el argumentario xenófobo de un espectro de partidos cada vez más numeroso. Con la crisis, y en plena campaña, algunos creen que se convertirá en una bomba de relojería: en Europa hay ocho millones de nacionales extracomunitarios sin permiso de residencia o de trabajo, y muchos de ellos viven de la economía sumergida. Pero si ya lo tenían difícil para entrar y ganarse la vida, ahora lo tendrán mucho más complicado.

El Consejo de la Unión dio ayer luz verde a una directiva que obligará a todos los Estados miembros a castigar con penas de cárcel a los empresarios que contraten a inmigrantes sin permiso de residencia o de trabajo, cuando lo hagan con carácter reincidente, de manera masiva o aprovechando su situación para explotarlos.

La norma ya había sido acordada por los ministros de Interior y por la Eurocámara hace meses, pero correspondió a los ministros de Agricultura firmar su visto bueno definitivo en la reunión que mantuvieron en Bruselas. Prevé fuertes multas a las empresas, incluso cuando tengan subcontratado el servicio que prestan los ilegales, retirada de ayudas públicas, incluidas las subvenciones comunitarias, y la asunción de los costes de repatriación.

La nueva ley completa la directiva de retorno, que la Eurocámara aprobó el año pasado con los votos de la mayoría de eurodiputados españoles y que permitirá retener a los inmigrantes en centros de reclusión o en cárceles convencionales hasta dieciocho meses, repatriarlos sin orden judicial y a otro país distinto al suyo incluso si son menores, y prohibirles la entrada durante cinco años. Quizá con ambas normas se frene el avance de los partidos que hacen de la inmigración un argumento electoral. Pero el precio ha sido, precisamente, cumplir su programa.