DV. El Consejo de ministros de la Unión Europea dio ayer el visto bueno final a una directiva que armoniza y endurece, en determinados casos con castigos penales, la contratación de mano de obra extranjera ilegal.

Las personas que contraten empleados extranjeros en la UE estarán obligados, en virtud de las cláusulas de la directiva, a verificar la tenencia, por el trabajador, de un permiso legal de residencia, guardar una copia de éste hasta, cuando menos, el fin del periodo de contratación laboral a efectos de inspección y notificar a las autoridades laborales competentes el establecimiento de esa relación laboral.

En caso de incumplimiento, el empleador será objeto de sanciones financieras, más altas cuanto más ilegales contratados tenga y deberá hacer frente a los gastos de repatriación del personal en esas circunstancias. Podrán también ser excluidos de licitaciones para contratos públicos.

Además, y en determinados casos particularmente graves, las sanciones podrán tener carácter penal. Son estas la trasgresión repetida de la normativa, la contratación simultánea de una cifra significativa de ilegales, unas condiciones de trabajo particularmente malas o la utilización a sabiendas de personal que ha sido objeto de tráfico humano. Los Estados miembros, que tienen dos años de plazo para transponer la directiva ayer adoptada formalmente, deberán tipificar estos supuestos en los respectivos Derechos Penales sobre la base armonizada contemplada en la normativa.

El comisario Barrot, responsable del tema, se congratulaba ayer del acuerdo, que se complementa con la decisión de instaurar en la Europa comunitaria la ‘Tarjeta Azul’ para facilitar la contratación de trabajadores extranjeros altamente cualificados.