El Consejo de ministros de la UE dio ayer el visto bueno final a una directiva que armoniza y endurece, en ciertos casos con castigos penales, la contratación de mano de obra extranjera ilegal. Quienes contraten empleados extranjeros en la UE estarán obligados, por las cláusulas de la directiva, a verificar la tenencia, por el trabajador, de un permiso de residencia, guardar una copia de éste hasta el fin del periodo de contratación a efectos de inspección y notificar a las autoridades competentes el establecimiento de esa relación laboral.

En caso de incumplimiento, el empleador será objeto de sanciones financieras, más altas cuanto más ilegales contratados tenga, y deberá abonar sus gastos de repatriación. Podrán también ser excluidos de licitaciones para contratos públicos. Además, y en determinados casos particularmente graves, las sanciones podrán tener carácter penal. Son éstas la transgresión repetida de la normativa, la contratación simultánea de una cifra significativa de ilegales, unas malas condiciones de trabajo o el uso a sabiendas de personal objeto de tráfico humano. Los Estados miembro tienen dos años de plazo para adaptar su legislación a la directiva aprobada ayer.

Por otro lado, la Comisión Europea prevé adelantar mes y medio el pago del 70% de las ayudas a agricultores y ganaderos. La medida, a falta de votación, pretende aliviar la situación económica de sectores como el lácteo, que se ha agravado con la crisis.