Un jurado popular juzgará a partir del próximo miércoles en la Audiencia Provincial a un funcionario del ayuntamiento de Murcia que esta acusado de exigir 80 euros a un inmigrante marroquí, para acelerar la expedición de un certificado de empadronamiento que necesitaba para regular su situación en España. Las conclusiones provisionales del fiscal consideran que los hechos son constitutivos de un delito de cohecho.