la Intercultural Adiskidetuak de Irun ha vivido estos días pegada al teléfono ante la marea de llamadas de los periodistas que querían saber algo más sobre Yasmín y su familia. No en vano, por este colectivo creado en 1999 pasan muchos de los extranjeros que recalan en la zona del Bidasoa en busca de actividades de ocio, cursos y ayuda jurídica, entre otros servicios.

Ayer, cuatro miembros de Adiskidetuak hicieron público un comunicado en el que piden a las instituciones que tengan en cuenta “la especial problemática que conlleva su condición de inmigrante” a las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género.

Además de mostrar su apoyo a la familia de Yasmín y su “absoluta repulsa ante los hechos de esta naturaleza”, solicitaron “las intervenciones necesarias para paliar el desamparo en el que pueda quedarse la familia de las víctimas”.

En este sentido, reconocieron que todavía es pronto para saber qué va a hacer la familia de Yasmín, pero se remitieron al caso de Clara Rangel, asesinada en diciembre en Errenteria. “El primer recurso es el de enviar a los niños a su país de origen, pero si la madre ha decidido venir aquí, es porque ella quería que estuvieran aquí. Nadie les pregunta a los menores si quieren volver”, reprobó Gina Castillo, quien estuvo acompañada por Jaione Etxegoien, Mounir Eddebbar y Aida Torres.

Asimismo, denunciaron que la solución que plantea la reforma de la Ley de Extranjería, en la que el agresor sería expulsado a su país, no siempre es conveniente. “Puede darse el caso que los hijos sigan en el país de origen y el padre no permita que vayan con su madre”, planteó como ejemplo Castillo.

Asimismo, señalaron que las mujeres extranjeras muchas veces “no denuncian porque hay mucho detrás”, como ausencia de papeles, trabajo o incluso un techo bajo el que dormir. “Tienen miedo de que puedan quitarles los hijos”, apuntó.

Entre otras peticiones, Adiskidetuak hizo un llamamiento a la reflexión para que “hechos como el acaecido no sirvan para alimentar conductas xenófobas que traten de criminalizar de forma generalizada al colectivo inmigrante”.

“Más bien, que sirva para animarnos a alzar una sola voz para denunciar la violencia contra cualquier mujer, independientemente de su procedencia”, recalcó Castillo.