Apoyo a cambio de subvenciones. Es, a grosso modo, lo que el grupo municipal socialista denuncia que hace la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía que dirige el popular Rafael Blasco con las asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Alicante.
Esta dura acusación la hizo ayer públicamente el concejal socialista Javier Macho, “haciéndose eco de las denuncias recibidas por parte de varias asociaciones de inmigrantes ”. El socialista advertía que no daría nombres de los supuestos “chantajeados” por motivos obvios, pero explicó que la conselleria “vincula” la recepción de subvenciones de las asociaciones a su apoyo al Contrato de Integración impuesto por el Conseller Blasco.
Macho explica que los representantes de las asociaciones han referido a miembros de su grupo que desde la Conselleria se les ha “aconsejado” a apoyar públicamente y colaborar en las actividades vinculadas al Contrato de Integración como condición extraoficial, pero casi necesaria, para recibir las subvenciones solicitadas. El socialista añade que esta situación contradice las palabras del Conseller cuando aseguró que “no pasará absolutamente nada a quien no lo firme y aquellos inmigrantes que no quieran asumirlo no van a tener ningún tipo de discriminación”.
El socialista explica que “el Contrato de Integración, que ya ha sido calificado como xenófobo y discriminatorio por numerosas asociaciones de inmigrantes , representa una muestra más de la política del Consell que obliga a un tipo de inmigración, esencialmente la extracomunitaria procedente de países emisores con graves carencias sociales y económicas, a firmar un contrato que nunca se ha exigido a otros tipos de inmigración”.
Pero además el edil en la oposición añade que “las exigencias incluidas en ese contrato, que califica además de innecesarias en cuanto se refieren al cumplimiento normal de la legislación vigente, así como el hecho diferencial en el que se sitúa a unos inmigrantes frente a otros y sobre todo en relación a la población originaria, representan una intolerable condición a la que se obliga de una u otra forma a la población inmigrante, población que empieza ya a sospechar que en el futuro se podrá tener en cuenta quien lo ha apoyado y quien no”, concluye en su denuncia Javier Macho.