Madrid

SOS Racismo dedica un capítulo entero a criticar la política que siguen el Gobierno y las comunidades autónomas con los menores extranjeros no acompañados en nuestro país. Según el estudio, en la balanza entre la política de extranjería y la política de infancia, siempre pesa más la primera.

«Se apuesta por negar por todos los medios la condición de menores a las víctimas más vulnerables de la inmigración clandestina», recoge el informe anual. «Las consecuencias de estas políticas se agravan con la llegada de menores subsaharianos y con la directiva europea de retorno».

La ONG recuerda que la normativa de la UE suscrita por España implica el internamiento de niños, vulnerando así los tratados internacionales de protección a la infancia, y asesta un duro golpe a la casuística nacional.

Así, arremete contra «las diferentes comunidades autónomas», que intentan llevar a cabo «diversas estrategias para no cumplir con sus obligaciones de tutela y protección». Cita el caso de Asturias y Cataluña, que se dedican a tratar de endilgarle la mayoría de edad a los menores, aunque contradigan las pruebas científicas. Cita el caso de Galicia, que denunció al Gobierno vasco por el envío irregular de niños a su comunidad.