La mayoría de guatemaltecos capturados en una redada en Postville, Iowa, EE. UU., afirman que un año después se encuentran sin empleo y acosados por deudas, sin recibir ayuda del Gobierno.

María Mejía, de 25 años, recuerda entre lágrimas los tres meses y medio en que llevó un brazalete electrónico.

Un año después se encuentra en su comunidad de origen, San José Calderas, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, sin trabajo y con una hija de 2 años a quien mantener.

Su esposo será deportado la próxima semana, y no saben cómo hacer para pagar las deudas, ahora que se quedaron sin ingresos.

En la misma situación se encuentra la mayoría de deportados de Postville.

Ana María Méndez, defensora de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de Derechos Humanos, informó que el 64 por ciento de los deportados no tiene trabajo, y el 36 por ciento se ocupa de manera temporal.

El 98 por ciento adquirió deudas para emigrar, cuyos montos oscilan entre Q35 mil y Q50 mil. Un año después, solo el 12 por ciento las pagó.

Marco Tulio Guerra, presidente del comité que han integrado los referidos migrantes, denunció que a las aldeas de procedencia de los deportados llegaron representantes de varias instituciones, entre éstas, la Cancillería y la secretaría de la esposa del Presidente, para prometerles ayuda como viviendas, trabajo, préstamos y programas de alfabetización; sin embargo, afirman, un año después ninguna oferta se ha concretado.