bilbao. No es la primera vez que se pone en tela de juicio el trabajo que realiza el Gobierno español para detectar posibles casos de torturas y malos tratos a manos de sus funcionarios. Ayer, Amnistía Internacional dio una vuelta de tuerca más. El movimiento de defensa de los derechos humanos cuestionó que en España se realicen investigaciones “rigurosas y eficaces” de las denuncias de torturas y malos tratos a manos de “agentes estatales”, por lo que reclamó a José Luis Rodríguez Zapatero que se regulen legalmente “evitando que queden impunes”.

Con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, que se celebra entre hoy y mañana, AI reclamó a Zapatero que explique en el Congreso la puesta en marcha del Plan Nacional de Derechos Humanos – aprobado el pasado mes de diciembre – y, en concreto, que dé luz verde a un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entre sus objetivos, este colectivo destacó la necesidad de eliminar el régimen de incomunicación, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas y el Consejo de Europa. “Y el establecimiento por ley de investigaciones rigurosas y eficaces de las denuncias de torturas y malos tratos a manos de agentes estatales, evitando así que queden impunes”, señaló Eva Suárez – Llanos, directora de AI España.

La organización también reclamó la creación de una estrategia de lucha contra la xenofobia y el racismo con medidas “que garanticen la igualdad y la integración”, además del compromiso de Zapatero de incorporar una agenda de derechos humanos en su próxima presidencia de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, donde se dé especial atención a la protección de los derechos humanos en las políticas de asilo y refugio e inmigración de la UE.

consejo de europa Amnistía Internacional valoró que desde su aprobación por el Consejo de Ministros se hayan cumplido algunos compromisos, como la aprobación del plan de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual y la ratificación del convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata de personas. Además del acuerdo en las Cortes Generales para la ratificación de la Convención para la prohibición de las bombas de racimo y de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, explicó esta organización. AI destacó que el plan sea un instrumento abierto que pueda evaluarse periódicamente, alimentarse con nuevas propuestas y compromisos y cuya ejecución esté sometida a control parlamentario. >deia/agencias