CC.OO. de Castilla – La Mancha estima que de los cerca de 16.000 ciudadanos rumanos en situación de desempleo que viven en la región, entre 10.000 y 11.000 no estarían percibiendo ningún tipo de prestación social por desempleo.

Así lo ha confirmado la secretaria de Empleo y Migraciones de CC.OO. Castilla – La Mancha, Lola Santillana, al hilo del acuerdo que el Gobierno español y rumano han suscrito recientemente y que facilitará el regreso de estos trabajadores para buscar trabajo en su país, a la vez que cobrarán íntegramente allí la prestación por desempleo a la que tengan derecho en España.

«Desde CC.OO. consideramos positivo que el Gobierno ponga encima de la mesa medidas para que aquellas personas que de forma voluntaria quieran regresar a Rumania lo puedan hacer, siempre que, además, en su país de origen se respeten los derechos generados durante el tiempo de estancia en España», dijo.

Sin prestación

La responsable de Empleo y Migraciones especificó que de los 20.800 parados comunitarios que en marzo había en Castilla – La Mancha, más de 16.000 eran rumanos, y que sólo 5.000 cobraban algún tipo de prestación, «por lo que quedaría entre 10.000 y 11.000 que no cobran ningún tipo de prestación».

De lo que no tiene datos el sindicato, matizó la responsable de Migraciones, es del número de personas que trabajan en la región de manera ilegal, «aunque sí intuimos que el dato de empadronamiento no corresponde con todas las personas que viven Castilla – La Mancha, no existe ninguna fuente que confirme cuántas forman parte de esa economía sumergida».

De otro lado, la responsable de CC.OO. se pronunció sobre la intención del Ministerio de Trabajo e Inmigración de incrementar el presupuesto para los programas de retorno que gestionan las ONG y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), para financiar el viaje de vuelta a aquellos inmigrantes que se encuentran en tal situación de necesidad en España, y que no podrían abandonar el país sin ayuda humanitaria.

Santillana defendió que debería de ser el Estado el que se hiciese cargo de la gestión, «pues el Ministerio no debería de hacer anuncios grandilocuentes, que luego no tienen efecto real».

Dicho esto aludió al Plan de Retorno Voluntario puesto en marcha hace ya varios meses por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, afirmando que los requisitos eran «tan estrictos, que en todo el país sólo se acogieron a esa norma 4.000 extracomunitarias, 116 en Castilla – La Mancha, una cifra muy baja».

Por ello, lamentó que las Administraciones «a veces realizan normas sin tener en cuenta los intereses que tienen las personas, pues una de las condiciones para acogerse a este Plan de Retorno era no regresar a España en tres años, lo que claramente coarta la libertad individual de estos ciudadanos».