La falta de coordinación entre las distintas Fuerzas de Seguridad del Estado está teniendo consecuencias muy negativas en relación con la inmigración. La Confederación Española de Policía y la Unión Federal de Policía en Tarragona han denunciado que los agentes no pueden acceder a los antecedentes penales de aquellos inmigrantes irregulares que han sido detenidos por los Mossos d¿Esquadra. La indeseable consecuencia de esta falta de comunicación entre las policías nacional y autonómica es que Extranjería, al no tener constancia de estos delitos, no tiene más remedio que conceder la regularización y nacionalización a estas personas. Como es sabido, aquel inmigrante irregular que ha cometido algún delito no sólo no puede aspirar a normalizar su estancia en España, sino que al término de la condena, e incluso antes, es deportado a su país de origen. Por tanto, estamos ante un caso claro de incumplimiento de la Ley por negligencia y a un agravamiento de la seguridad ciudadana. Es deber tanto del Gobierno de la nación como de la Generalitat catalana poner fin a esta descoordinación, que no exige inversión económica alguna, sino que depende de la voluntad política, como lo demuestra el que los Mossos sí puedan acceder a los archivos de la Policía Nacional.