E s muy difícil imaginar cómo debe de ser el éxodo de la mayoría de las personas menores inmigrantes que llegan a nuestro territorio. Por lo que leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación, y a través de sus testimonios, algunos llegan en pateras, otros en los bajos de camiones, otros recorren a pie trayectos muy largos, y a otros los abandonan sus madres en las playas para volver en la misma patera, con la esperanza de que sus hijos encontrarán un futuro mejor. La inmensa mayoría viene con un objetivo: encontrar una vida mejor que la que dejan atrás. Vienen porque creen que nuestra sociedad es mejor y más rica que la suya. Y, por lo menos, a primera vista parece que así es.

Nuestra sociedad avanzada ha desarrollado sistemas de protección a la infancia y a la adolescencia, porque somos conscientes de que es uno de los bienes más preciados que tenemos. Hemos creado leyes para su protección, para garantizar su educación, su salud, su derecho a un desarrollo integral, para prevenir su marginación, la explotación infantil, el abuso, acoso y maltrato físico, psíquico o emocional. En definitiva, para garantizar su bienestar.

En estos momentos en los que estamos asistiendo a un debate sobre la problemática de los menores inmigrantes , es fundamental que tengamos en cuenta muchos aspectos, pero especialmente uno, que debe ser el principal y el más importante: se trata de personas menores de edad, no acompañadas y en situación de desprotección.

Precisamente por esa razón, la tutela, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, recae en las diputaciones forales, que deben activar los mecanismos legales necesarios para que estas personas menores alcancen una edad adulta en condiciones óptimas. De hecho, la mayoría lo consiguen, y eso es algo de lo que nos tenemos que congratular todos y todas, ya que si a veces es difícil lograrlo con nuestros hijos o hijas que han contado con todos los medios para ello, para estos menores que están solos en el mundo, la tarea resulta mucho más complicada y requiere de un gran esfuerzo por su parte. Pero, afortunadamente, insisto, la mayoría lo consiguen y eso hay que darlo a conocer a la opinión pública.

Por ello, somos conscientes de que las administraciones competentes destinan recursos para cumplir con su obligación de tutela, y también sabemos que es difícil gestionar los servicios si no se sabe a cuántas personas menores tendrán que atender. También es una realidad que una minoría de estos menores llega con graves problemas de adicción o de conducta, consecuencia de las condiciones de vida que han tenido en sus países de origen. Esta minoría, si no es atendida adecuadamente, puede provocar una serie de problemas, como los que recientemente han venido apareciendo en los medios.

Reconocemos que no es un problema fácil de solucionar, en absoluto, y es necesario redoblar esfuerzos para conseguirlo. Es cierto que si cometen infracciones y el juez los condena por las mismas, tendrán que cumplir con las medidas que se les apliquen, como el resto de la ciudadanía, pero también es cierto que habría que profundizar en las causas y en las soluciones para evitar que sean recurrentes.

n ese sentido, desde luego, lo que no nos parece lógico es que haya centros especiales para estos menores que no disponen de un programa específico ni ningún proyecto educativo concreto para esos casos, de manera que los citados menores pasan horas y horas en la calle sin nada mejor que hacer.

En nuestra opinión, este pequeño grupo requiere de una atención muy especializada, que aborde sus problemáticas concretas. Para ello, es imprescindible contar con profesionales bien preparados y con unas buenas condiciones laborales, a fin de que se conviertan en verdaderos referentes de estos menores que están totalmente desorientados. Hay que crear un grupo de trabajo con la participación de educadores de los centros de acogida, de los profesionales de los Centros de Iniciación Profesional (CIP) y de técnicos, para que puedan poner en común las problemáticas y así abordar mejor las diferentes situaciones que atraviesan los menores.

También es fundamental garantizar el acceso fácil y diario de estos jóvenes a los CIP, ya que, a día de hoy, a algunos de ellos les resulta imposible, teniendo en cuenta que los centros de acogida están muy lejos de los Centros de Iniciación Profesional. El acceso a la educación y a la preparación constituye la principal garantía para sacar a estos jóvenes de la calle.

Consideramos que como sociedad tenemos una deuda ética y moral con otra parte de la sociedad que no puede acceder a unas condiciones mínimas de vida y, por ello, se ve obligada a dejar su tierra y sus familias.

Además vivimos en una tierra que sabe lo que es la emigración, conoce lo que es tener que enviar a sus hijos e hijas en barcos o trenes hacia otros lugares por miedo a una guerra y a la represión, con la esperanza de un futuro mejor.

Somos conscientes de que la alarma social generada por este reducido número de menores da pie a posiciones intransigentes y xenófobas, pero tenemos la obligación de darnos cuenta de que la inmensa mayoría de ellos sólo buscan realizar un proyecto de vida, algo que también hacemos el resto de la ciudadanía.