El Gobierno quiere extender a Bulgaria los mismos acuerdos a los que ha llegado esta semana con Rumanía en materia de empleo y que se traducen de momento en iniciativas ya en marcha como difundir entre las personas de esta comunidad todas las ofertas de empleo que se generan allí, y en una estrecha colaboración entre las dos inspecciones de Trabajo. El Ejecutivo espera que las autoridades búlgaras ofrezcan el mismo grado de colaboración que las rumanas, ya que ambas naciones van a ser receptoras de importantes fondos estructurales de la Unión Europea y, por tanto, necesitarán de mano de obra cualificada, como es la de sus nacionales que se han formado en nuestro país.

Programas conjuntos

Pero además, España está dispuesta a dar «ayudas directas» para el retorno a su tierra de estos inmigrantes a través de programas conjuntos con los respectivos gobiernos, para lo que se solicitarían los correspondientes fondos a UE. No sólo eso; se pretende que aquellos que estén en paro lo puedan cobrar en su lugar de origen siempre que se comprometan a realizar allí una «búsqueda activa de empleo» y a seguir los cursos de formación que se les pueda ofrecer en cada momento.

Esta última medida es la más novedosa de las anunciadas esta semana en Rumanía por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y surgió tras la reunión que mantuvo el pasado lunes con su colega de ese país, Marian Sarbu. En la rueda de prensa posterior, Sarbu advirtió de que «la comunidad rumana no ha expresado su intención de volver porque la mayoría recibe prestaciones y lo quiere hacer por todo el periodo legal al que los afectados tienen derecho. Además, ven con optimismo la situación. Creo que volverán pocos», señaló. Y es que el paro que cobra un rumano en España es de unos 850 euros, mientras que el salario medio en su país ronda los 320. Sobran las valoraciones.

El ministro de Trabajo e Inmigración, consciente de que «hay que hacer atractivo el regreso a sus países de los inmigrantes en paro para que así disminuya algo la presión en el mercado laboral de nuestro país», analizó la situación con sus colaboradores y decidió comenzar a trabajar para que esos trabajadores puedan cobrar el paro en su país, medida que se sumaría a la ayuda al retorno ya mencionada. Ahora se va a encargar el correspondiente dictamen jurídico a la Abogacía del Estado y al Servicio Público de Empleo Estatal para saber si hay algún impedimento legal y luego comenzará el complejo desarrollo técnico de la medida con el objetivo de evitar cualquier margen para la picaresca.

El deseo del Gobierno es apoyarse en las asociaciones de inmigrantes de estos países en España para hacer las pertinentes campañas de información, que van a comenzar de forma rápida para transmitir, de momento a la comunidad rumana, que van a tener a su disposición toda la información de las ofertas de trabajo en su país.

El plan del Gobierno está diseñado para que en su momento se puedan beneficiar de él, fundamentalmente, los más de 70.000 rumanos desempleados que hay en nuestro país, de los que casi 30.000 no cobra ningún tipo de subsidio. La comunidad rumana supera las 700.000 personas y es la más numerosa de las extranjeras en España.

Ayuda a las empresas

Las empresas españolas instaladas en Rumanía, por su parte, advierten de que tienen problemas para encontrar mano de obra cualificada, en particular mandos intermedios, por lo que también están muy interesadas en la posibilidad de contratar en nuestro país a trabajadores con ese perfil para incorporarlos a sus sedes en Rumanía. De hecho, ya se trabaja en la organización de una reunión en Madrid para que los empresarios puedan dar a conocer sus ofertas. Fuentes del sector señalaron que pagan de media unos 1.300 euros al mes en un país con un sueldo medio, como ya se ha dicho, de 320. «Hay que cambiar el concepto de movilidad y no reducirlo al territorio español, sino a toda la Unión Europea», dicen los expertos.

El volumen de capital social suscrito por sociedades españolas en Rumanía desde 1991 hasta el 31 de agosto de 2008 es de unos 685 millones de euros, lo que sitúa a nuestro país en el puesto noveno de los inversores extranjeros y en el séptimo de los de la UE ampliada.

Para España, este tipo de acuerdos no sólo pueden suponer un alivio para la situación del mercado laboral, sin duda una consecuencia ya de por sí muy positiva, sino que el Gobierno confía en que sean también una oportunidad para nuestras empresas. La reunión de tres cuartos de hora que Corbacho mantuvo con el jefe de Estado, Traian Basescu, fue especialmente fructífera en este sentido, ya que éste se mostró muy interesado en contar con la ayuda de España para gestionar los más de 30.000 millones de euros de los fondos estructurales de la UE que van a recibir en los próximos años.

Lo cierto es que tanto las autoridades de Rumanía como de Bulgaria están muy agradecidas con España por la decisión de nuestro Gobierno de levantar la moratoria sobre los trabajadores de estos países – no sólo eso, sino que en junio se va a prorrogar al menos otros seis meses – , de modo que no sufren discriminación alguna respecto al resto de los europeos.