EL GOBIERNO está haciendo lo imposible para reducir la demanda de empleo. En esta clave hay que interpretar el anuncio realizado ayer por Celestino Corbacho de que los rumanos podrán cobrar el paro en su país. Se trata de una iniciativa pionera en Europa con la que el Ejecutivo trata de mejorar otras medidas previstas para rebajar la presión del colectivo inmigrante más numeroso en el mercado laboral español, como son las ayudas directas al retorno o la información sistemática en las oficinas del INEM sobre empleos vacantes en Rumanía. En nuestro país residen 700.000 ciudadanos rumanos, de los que cerca de 71.000 están desempleados y 41.000 cobran alguna prestación. A pesar del absurdo alivio con que el Gobierno ha recibido los datos del paro del peor mes de abril de la Historia, ayer supimos que ya hay más de 500.000 parados extranjeros en nuestro país. En este sentido, el plan retorno de Corbacho está motivado, pero ofrece importantes lagunas. No está claro si después de percibir la prestación contributiva los parados rumanos tendrán derecho a beneficiarse en su país de otros subsidios a los que sí podrían acceder en España. Además, el control del fraude será más complicado si depende de las administraciones rumanas. Por otro lado, se trata de una medida discriminatoria para con otros inmigrantes europeos y no existe ninguna garantía de que, una vez cobrado el paro, los inmigrantes rumanos no decidan volver a España.