Fue uno de los argumentos más utilizados por la hoy senadora del PP por Ceuta, Luz Elena Sanín, en su campaña electoral: la atención sanitaria a los ciudadanos marroquíes en el Hospital Civil de Ceuta se ha convertido en un «turismo sanitario» que aprovecha los derechos de los ciudadanos extranjeros pero menoscaba los derechos de los ceutíes. Por ello Sanín pidió ante la comparecencia del Secretario General del Gobierno para la UE en a la Comisión Mixta que el Gobierno inste a Bruselas a una revisión de la asistencia sanitaria transfronteriza.

Sanín expuso ante la Comisión la peculiar circunstancia de Ceuta pese a que se trata de un tema ajeno a la nueva directiva comunitaria sobre la asistencia transfronteriza, derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Una atención «transfronteriza» que en el caso concreto de Ceuta, frontera sur de Europa, adquiere otro cariz ya que tanto el Hospital Civil como los diferentes centros de salud atienden a los ciudadanos de Marruecos que lo solicitan por «razones humanitarias» aunque no coticen a la Seguridad Social.

Un humanismo que, según la senadora popular – nacida en Colombia, donde fue juez en Medellín – – entraña ciertos peligros que hay que prevenir. «Es necesario resaltar la asistencia médica, sanitaria, quirúrgica y hospitalaria, (que se presta) a aquellas mujeres que llegan a la Ciudad Autónoma de Ceuta procedente del norte de Marruecos para ‘dar a luz’ en el hospital civil de la Ciudad y quienes tras el parto, se niegan a regresar a su país de procedencia; esta situación y un hijo nacido en suelo español, les va consolidando derechos que más temprano que tarde reclaman; por ende, es un tema que ha de solucionarse por el Gobierno de la Nación con la intervención de la Comunidad Europea, modificando acuerdos o estableciendo otros que no afecten los intereses generales del Estado, ni los derechos de los españoles».

«Situación compleja»

Es una situación que compleja ha de mantenerse por razones humanitarias, admitió la senadora ante la Comisión Mixta, «siempre y cuando no lo sea en detrimento de lo legítimos derechos de los ciudadanos residentes en la Ciudad que pagan sus impuestos, cotizan a la Seguridad Social y a quienes se les ha de atender con absoluta prioridad».

La Constitución Española declara la sanidad como un servicio solidario, público y gratuito en el que los extranjeros no empadronados tienen derecho a la asistencia de urgencias. Además, los menores de 18 años y las mujeres embarazadas, tienen derecho a la asistencia sanitaria pública, estén o no estén empadronados.