La Diputación de Gipuzkoa aseguró ayer que «la conflictividad de los menores acogidos en el centro de Deba ha bajado», lo que ha permitido una «mejora» en el funcionamiento de las instalaciones abiertas en febrero para encauzar a los chavales con problemas de conducta que no se integraban en la red de acogida básica. No obstante, persiste «un problema que no vamos a negar», admitió ayer la responsable de Política Social, Maite Etxaniz, que compareció junto con el director de Infancia y Juventud, José Ignacio Insausti, para dar cuenta de la reunión interinstitucional celebrada para analizar el problema causado por los adolescentes más problemáticos, una «minoría» de los 180 acogidos en la actualidad.
La cumbre, que se desarrolló en «un clima cordial», puso punto y seguido a la primera fase de contactos entre Diputación, Fiscalía de Menores, Ertzaintza, Gobierno central y ayuntamientos, entre otros agentes, que plasmarán su colaboración en un foro específico en el que seguirán trabajando para «coordinar» todas sus actuaciones.
Etxaniz quiso dejar claro en su intervención que el 90% de los 180 menores acogidos responde a los recursos de Diputación. Es más, la mayoría, añadió, tiene «una conducta buena», en algunos casos «ejemplar», y sólo un 10% se resiste a cumplir con las normas de convivencia.
Hay una veintena de chavales que reniega de «cualquier intervención y ha acabado imponiendo un funcionamiento transgresor en muchos de los centros, haciendo imposible la convivencia en ellos y en el entorno», lo que empujó a la institución foral a poner en marcha un recurso específico en Deba para tratar a los más conflictivos.
El cambio de actitud de nueve de los trece menores que residen a día de hoy en el centro de Deba puede ser el primer paso para su integración en la red de acogida común, señaló Insausti. «Han hecho su propia reflexión» y empiezan a ser conscientes de que su trayectoria no era la correcta, especificó el director de Infancia y Juventud. «Confiamos en que las cosas pueden ir mejorando», añadió Etxaniz, quien se mostró «preocupada» ante la alarma suscitada. «Tenemos que evitar que la sociedad rechace a estos menores por una minoría conflictiva», dijo.
Cupos por comunidades
La diputada volvió a reclamar al Gobierno central, como ya hizo en su anterior comparecencia en Juntas Generales, un cambio legislativo para adecuar el marco normativo «a esta nueva realidad». La Diputación, explicó, pone «todos sus medios» pero en determinados casos «no tiene las herramientas» para atajar las situaciones más comprometidas.
La diputada de Política Social también reclamó que se establezcan cupos por territorios en toda España ya que, según sus cifras, Euskadi es la segunda comunidad por detrás de Canarias en el número de menores que acoge. Asimismo, considera necesarios unos criterios homogéneos entre todas las comunidades para limitar el libre tránsito de estos jóvenes. «Antes o después llegaremos a una solución», concluyó Etxaniz. aldaz