Los rumanos que viajan hasta Donostia no aceptan ni acuden a las redes de ayuda social que se les ofrece desde el Ayuntamiento, como confirma Susana García Chueca, concejala de Bienestar Social: «Ni acuden a comer a los aterpes municipales ni a dormir al Hogar del Transeunte. No tienen ninguna intención de quedarse en Donostia, por eso es imposible su integración. Buscan hacer dinero en tres meses y regresan después a su país».

Estas personas son víctimas de una exclusión social que comienza en su propio país, lo que les hace rebelarse contra el sistema. Además, su cultura y sus costumbres presentan unos hábitos que chocan con el modo de vida de la población local. «Sólo con empadronarse tendrían derecho a un salario social durante un año, pero no lo hacen. No les interesa integrarse ni obtener un permiso de residencia a largo plazo», señala García Chueca.

Además, según confirma, «los donostiarras tenemos fama de ser bastante generosos en los donativos, por eso vienen tantos aquí, porque se corre la voz». Ernesto Gasco comparte la misma opinión: «Tenemos que darnos cuenta de que cada vez que damos limosna estamos alimentando el problema. Por eso, los únicos instrumentos que tenemos para actuar es la ley vasca de acampada, que prohíbe hacerlo en la ciudad, y las ordenanzas municipales».

El problema, como se ve, no tiene solución a corto plazo, aunque desde el Ayuntamiento se trabaja para que afecte lo menos posible a la ciudadanía.