DV. La campa de Pío Baroja en El Antiguo, Morlans, Martutene, Herrera, San Roque en Amara, los alrededores de Polloe en Egia y los bajos de los viaductos de la Variante en Riberas de Loiola son los siete puntos de San Sebastián en los que se han detectado asentamientos de indigentes, compuestos en su mayor parte por rumanos de etnia gitana. Construyen sus poblados por la noche con unas cuantas maderas, plásticos y colchones que recogen de las basuras, al igual que el resto de utensilios con los que subsisten, y en cuanto amanece los ocultan en los alrededores.

Viven de la mendicidad y durante el día es habitual verlos pidiendo en los lugares más estratégicos de cada barrio. En el Centro, la plaza de Gipuzkoa, el Buen Pastor y el Boulevard son sus puntos preferidos. También se dedican a recoger metales de la basura que luego venden en las chatarrerías.

Los asentamientos tienen fecha de caducidad en cuanto un vecino avisa al Ayuntamiento de su presencia. Una brigada especial del servicio de limpieza, denominada Seurdon, acude con cuatro operarios y su camión adaptado con guillotina, cesta, grúa, rotaflex y taladro. Acompañada por una patrulla de la Guardia Municipal, limpia la zona y se lleva al vertedero todos aquellos elementos que pueden provocar un problema de insalubridad pública.

Un problema humanitario

El mayor conflicto con el que se encuentran estos trabajadores es el humanitario, ya que se encuentran con familias enteras a las que tienen que retirar sus enseres. Además de adultos, conviven desde ancianos y niños hasta mujeres embarazadas. Pueden juntarse hasta tres generaciones distintas. «Ver a una niña de cinco años mirándote a los ojos mientras tienes que despejar la zona es muy fuerte», confiesa uno de estos operarios. Pero el problema supera las competencias de la administración municipal, que sabiendo que no puede resolverlo, sólo puede intentar aliviarlo.

Desde el Departamento de Mantenimiento Urbano, su concejal Alberto Rodríguez, recuerda cuáles son sus tareas. «Nuestra labor es mantener limpia la ciudad y sus parques y jardines. Tenemos una brigada especial lista todos los días del año y actuamos en cuanto hay constancia de que existe un poblado. No es fácil despojar a personas que viven en la pobreza de objetos que para ellos suponen mucho, pero es nuestro trabajo», admite.

La policía no les puede detener, ya que no cometen delitos. Además, como proceden de un país de la Unión Europea, tienen derecho de libre circulación sin más requisito que su documentación. Por tanto, en cuanto les desalojan de un lugar se instalan en otro. Así continúan con su vida en la calle.

Los vecinos de las zonas que frecuentan se quejan, principalmente, de que su presencia les impone y les causa una cierta inseguridad. El propio alcalde, Odón Elorza, conoce de cerca la problemática, ya que puede ver a su llegada al Ayuntamiento la reunión que cada mañana y cada tarde se produce en el Boulevard. «En principio no se registran denuncias contra ellos porque, a diferencia de otros colectivos, no delinquen, apenas se ha tenido conocimiento de algún hurto ocasional. Sin embargo, sí generan alarma social, hay gente que les tiene miedo, a la que les molesta la suciedad que generan o los perros que van con ellos», apunta Elorza.

Según los datos que maneja el Ayuntamiento, aunque los asentamientos suelen ser los mismos, no pasan más de tres meses en la ciudad y luego son relevados por otros nuevos. La gran mayoría proceden del estado de Alba, uno de los más pobres de Rumanía, y su exclusión social comienza ya allí.

«Lo único que se puede hacer es incordiar un poco y recordar que existe una ordenanza de civismo vigente que impide este tipo de actuaciones en la calle. No suele ser demasiado efectivo, pero se intenta que no se genere alarma social, más acusada en la gente mayor», asegura el alcalde.

Desde Seguridad Ciudadana, el concejal Ernesto Gasco, ve difícil una solución global al problema. «Esto no se resolverá hasta que no se fomente el desarrollo de sus países de origen y tengan allí una vida digna. Porque se desplazan por todos los países de la UE, preferente los del Mediterráneo. Es una cuestión comunitaria. Esta sociedad moderna genera enormes desigualdades y este es un ejemplo de ello», apunta.