Los 63 bengalíes que desde hace tres años residen en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla han recogido ya más de 15.000 firmas de apoyo para reclamar al Gobierno que legalice su situación en España y anule la orden de expulsión que pesa sobre ellos. Esta campaña de recogida de firmas, que se puso en marcha en febrero con la colaboración de varias organizaciones no gubernamentales, viene a sumarse a las concentraciones que cada sábado realizan en el centro de la ciudad, sentadas pacíficas con las que tratan de recordar al Ejecutivo de la Nación que sus regiones de origen están azotadas por la pobreza, las inestabilidades políticas y los desastres naturales.

También tratan de saber por qué inmigrantes subsaharianos o argelinos han tenido muchas más facilidades que ellos para quedarse en España. Casi todos los bengalíes llegaron a Melilla entre finales de 2005 y comienzos de 2006; desde entonces, han visto entrar y salir del CETI a cientos de personas.

Los bengalíes aseguran que tuvieron que vender lo poco que tenían para iniciar un viaje hacia la ciudad autónoma que, en muchos casos, se prolongó durante dos años. Al margen de dejar atrás su tierra, estos jóvenes inmigrantes han sido víctimas de las mafias y se han enfrentado hasta llegar a Melilla a multitud de dificultades. Volver a Bangladesh después de tanto tiempo sería para ellos, aseguran sin dudarlo, «peor que la muerte».

Tampoco la situación actual de su país, con un Gobierno al que casi no se reconoce desde la comunidad internacional, contribuye a ejecutar con garantías la repatriación de los 63 bengalíes. Ellos sostienen que su comportamiento en España ha sido intachable, que cuentan con el respaldo y el cariño de los melillenses y que se han formado en el CETI para aprender una profesión. Son motivos suficientes, afirman, para buscarse un futuro mejor en este país.

Las calles de Barcelona y Madrid fueron ayer escenario de concentraciones para mostrar el apoyo de la población a este colectivo y seguir recabando firmas con el fin de que el Gobierno atienda a razones humanitarias para no repatriarlos.

El presidente de la Ciudad se pronunció la semana pasada sobre el caso de los 63 bengalíes, y lo hizo para llamar la atención sobre el hecho de que el Gobierno central «se haya olvidado de que aquí tenemos ese problema». Juan José Imbroda reprochó también a quienes «tienen la responsabilidad» en Melilla que no acudan al Ejecutivo central para poner en evidencia cuál es la situación de ese colectivo así como para «darle una solución».

El jefe del Gobierno autonómico reconoce que no alcanza a entender por qué «otros salen y ellos no», en referencia a los subsaharianos y argelinos que a lo largo de los últimos tres años han ido abandonando el CETI rumbo a la península. «No lo comprendo», apuntó el presidente, «no tiene sentido que los dejen en Melilla, una ciudad con menos recursos y más limitada».

«¿Qué pasa aquí?», se preguntó Imbroda, «¿es que otros inmigrantes tienen más derechos?». En declaraciones a Onda Cero, el líder del Ejecutivo local animó al Gobierno central a «ponerse a trabajar por los derechos humanos».

Predisposición

El Grupo Popular en el Congreso también está dispuesto a colaborar con el Gobierno en el estudio individualizado de los expedientes de cada uno de los 63 inmigrantes bengalíes. Antonio Gutiérrez reconoce que la situación jurídica de este colectivo no está excesivamente clara, por lo que cualquier decisión que sirva para paliar las dificultades que encuentran esos inmigrantes contará con el apoyo de los diputados del PP.

El parlamentario sostiene que su Grupo se ha ofrecido al Ejecutivo para estudiar con rapidez los casos de esos bengalíes y que, al margen de que las actuaciones que se lleven a cabo hayan de tener un carácter global y sean respetuosas con las leyes, cualquier decisión humanitaria que adopten las autoridades encontrará el apoyo del Partido Popular.