Al abrigo del buen tiempo de estos días, decenas de inmigrantes ilegales han atravesado el Estrecho hacia la costa andaluza. Ayer fueron casi un centenar los que, en unas condiciones relativamente buenas, fueron auxiliados por la Cruz Roja y la Guardia Civil. Pero no todos lograron su objetivo. El jueves fueron localizados dos cadáveres, que pasan a engrosar la estadística de una tragedia que se remonta a 1988, cuando aparecieron en Tarifa los primeros inmigrantes ahogados. Desde entonces, se calcula que han perecido no menos de 20.000 personas. La cifra es aún más elocuente si se tiene en cuenta que sólo en los últimos tres años han muerto 13.400. Por fortuna, desde hace unos meses el flujo de cayucos y pateras ha descendido, en buena parte por la política de acuerdos del Gobierno con países subsaharianos. Para nadie es un secreto que detrás de las aventuras suicidas a las que se arriesgan los inmigrantes se esconden verdaderas mafias que, conectadas con autoridades corruptas, operan con total impunidad. Es previsible que, con las buenas condiciones climáticas, aumente el número de intentos, razón de más para que las autoridades reactiven su control sobre los países de origen. El peaje en vidas humanas que se cobra el Estrecho es inaceptable y España debe asumir su responsabilidad.