Italia se ve cada vez más desbordada por el desembarco de inmigrantes clandestinos de toda África que, tras el cierre de la vía de Canarias por las restricciones acordadas entre España y los países de la costa africana, ahora parten de Libia y Túnez, principalmente rumbo a Sicilia. En 2008 ya casi doblaron los del año anterior – 37.000 personas frente a 20.500 – , pero en lo que va de 2009 los números son alarmantes, pues ya duplican a su vez los del mismo período precedente: 6.300 inmigrantes habían desembarcado hasta el jueves, según la prensa italiana, que cita datos del Departamento de Interior. La mayoría de los indocumentados proceden de Somalia, Nigeria y Túnez. Esto significa que ni el mal tiempo ha amedrentado la huida a Europa y que, de continuar este ritmo en verano, la situación se hará insostenible.

La tensión ha estallado esta semana con el ‘caso Pinar’, un carguero turco que rescató a 140 inmigrantes que se encontraban a la deriva y que ni Italia ni Malta querían acoger, afirmando que era el otro país quien debía hacerlo. Al final, después de tres días de bloqueo, con el buque esperando sin víveres frente al puerto de Lampedusa, el Gobierno de Roma cedió «por razones humanitarias», pero criticó duramente al de La Valletta. El Ejecutivo maltés replicó que el puerto italiano era el más cercano y que su país no puede soportar más inmigrantes.

De todos modos, el trato maltés a los extranjeros ha sido censurado por la organización Médicos Sin Fronteras, que denuncia «condiciones higiénicas terribles» en centros en los que permanecen hasta dieciocho meses retenidos. El comisario europeo de Justicia, Jacques Barrot, reconoció que «una isla de 400.000 habitantes no puede acoger más inmigrantes». Pero es lo mismo que dicen los 6.000 vecinos de Lampedusa, el islote al sur de Sicilia donde llegan la mayoría de los extranjeros ilegales a Italia.

Protesta ante la UE

Superado el litigio, los ministros de Interior italiano y maltés se fueron el jueves a Bruselas a protestar juntos, bufando contra la falta de apoyo de la Unión Europea y lamentando un problema que les supera. Barrot les dio ayer la razón y anunció que la cuestión será abordada el lunes en Luxemburgo en la reunión que celebrarán los ministros de Exteriores para intentar emprender una iniciativa común.

«Esto no se puede resolver sin una solidaridad europea, también de los países que no se asoman al Mediterráneo», aseguró el comisario. Además de negociar con Libia para que controle su costa, algo que Italia aún no ha conseguido, Barrot apuntó a la necesidad de reforzar Frontex, la agencia comunitaria de patrulla de las costas, para facilitar la identificación y repatriación de inmigrantes. Pero, sobre todo, la medida más ambiciosa, difícil de aceptar por los Veintisiete, sería «repartir el peso» del problema con «un principio de solidaridad obligatorio» en el plano económico. Es decir, repartir gastos. Italia, entusiasta de esta idea y de que Frontex asuma parte de la tarea, pretende que se convierta en una directiva vinculante.

Según el informe que Italia ha remitido a la Unión, Roma ha gastado 85 millones desde 2007 en salvar del mar a más de 42.000 personas, alojarlas, darles de comer y trasladarlas a centros de acogida o de identificación. Además, según insinuó ayer el ministro maltés de Interior, Carmelo Mifsud Bonnici, Túnez le pide a Italia un peaje de 100.000 euros por cada tunecino que le repatría. En este momento los centros italianos de retención de inmigrantes acogen a 8.000 personas.

Como las autoridades no dan abasto para verificar su identidad en los dos meses que marca la ley, superado ese plazo los debe poner en libertad con una orden de dejar el país, que normalmente no cumplen. Por otro lado, la política de asilo de Italia es la más garantista de Europa: de 31.000 solicitudes recibidas el año pasado fueron aceptadas la mitad.