Las duras medidas del decreto sobre seguridad planteadas por el Gobierno de centroderecha de Silvio Berlusconi que tanta polémica despertaron al ser anunciadas, se han quedado en agua de borrajas. El Senado italiano aprobó ayer su conversión en ley, y dejó fuera las más controvertidas: las rondas de ciudadanos contra el delito, la ampliación del tiempo que un inmigrante clandestino puede ser retenido en un Centro de Identificación y Expulsión (CIE), y la posibilidad de que los médicos denuncien a las autoridades a pacientes extranjeros sin papeles.

La no aprobación de esas iniciativas constituye un gran revés para la Liga Norte, el partido federalderechista socio de Berlusconi, para el que seguridad e inmigración son prioridades rayanas en la obsesión. En realidad, habían sido tumbadas ya en la Cámara a base de enmiendas de la oposición y de votos adversos de parlamentarios del Gobierno.

En cambio, la nueva ley incluye disposiciones contra la violencia sexual apoyadas también por la oposición de centroizquierda. El texto prevé cadena perpetua para quien comete homicidio tras una violación, estupro, violencia sexual de grupo o acoso (entendido como actos persecutorios por parte usualmente de la ex pareja o de otra persona). Recordatorio: la cadena perpetua es la pena máxima en Italia para varios delitos, pero es posible optar a la libertad condicional tras cumplir 26 años de cárcel.

La nueva ley introduce también el delito de acoso, que puede ser penado con cárcel de seis meses a cuatro años.