Los servicios sociales de Bilbao se sienten desbordados. Tienen en su agenda 5.676 citas pendientes, una media de 105 por cada trabajadora, y ven cómo la cola va en aumento espoleada por la crisis económica. Es una inquietud compartida por los responsables del área de Acción Social y las profesionales, aunque mantienen importantes discrepancias sobre la forma de encarar el problema. Las empleadas, con el apoyo del comité de empresa, expresaron ayer públicamente su rechazo a las medidas adoptadas por las autoridades municipales, que a su juicio deterioran la atención a los usuarios «y van en contra de la propia esencia del trabajo social».
La decisión más polémica se pondrá en práctica hoy mismo en el distrito de Rekalde como experiencia piloto. Un grupo de personas interesadas en obtener prestaciones económicas asistirá a una charla en la que, tras escuchar las condiciones generales y los requisitos exigidos, podrán plantear dudas y se les entregará el impreso para presentar la solicitud a través del registro del Ayuntamiento. Previamente, cada uno de ellos se reunió ayer durante unos quince minutos con una trabajadora para exponer brevemente su caso. El jueves habrá un encuentro similar sobre la atención a la dependencia, el otro gran foco de peticiones ciudadanas.
Este es el sistema que utilizó el Ayuntamiento de Sevilla ante el incremento «exagerado» de la demanda de ayudas sociales en el barrio de ‘las 3.000 viviendas’. «En Barcelona también se hace», afirma el director del área de Acción Social, Juan Félix Madariaga. El objetivo es «primar la atención inmediata» y reducir la lista de espera. El 46% de las más de 5.000 citas pendientes son para una primera atención, y los afectados tienen que aguardar entre uno y tres meses para que les reciban. El 30% de las personas apuntadas quiere acceder a alguno de los servicios de la Ley de Dependencia.
850 casos por persona
Las trabajadoras de Rekalde han enviado un escrito a todas las bases con una plantilla de alrededor de cien personas, la mayoría mujeres para denunciar que este sistema supone «una falta de respeto al usuario. La gente necesita privacidad para hablar de su situación personal, de si tiene dinero o no», argumentan. «¿Cómo podemos atenderles adecuadamente, si a lo mejor no entienden el idioma?». También temen que se generen «conflictos» entre los inmigrantes y la población autóctona, más aún cuando la crisis «empieza a sacar a la luz nuevos colectivos en situación de necesidad».
La plantilla se pregunta «por qué se importa un modelo de Sevilla, cuando su realidad social no tiene nada que ver con la nuestra. Nosotros siempre hemos ido por delante en la oferta de servicios. ¿Por qué no se fijan por ejemplo en Dinamarca?», apunta una representante de ELA. Al mismo tiempo, dudan que las charlas resulten «operativas», ya que «al dar información homogénea a un colectivo plural, en muchos casos serán necesarias entrevistas posteriores, lo que demora aún más el procedimiento». El director del área asegura que serán grupos «reducidos», de entre seis y diez personas, y que «no se obliga a nadie» a acudir a estas sesiones. «Sólo se les da la opción» de acortar la espera. Los casos más complejos seguirán tramitándose «con citas convencionales», garantiza.
En Rekalde se hará una encuesta después de un mes y se estudiará extender la experiencia a otros distritos. Mientras tanto, la demanda de ayudas, que empezó a multiplicarse el pasado mes de diciembre, sigue creciendo. Hace justo un año, la media de citas pendientes por cada trabajadora social era de 92. Al ver que se acumulaban, el Ayuntamiento contrató a once personas, pero aun así el promedio se ha elevado a 105. Se calcula que cada profesional tiene 850 casos asignados, aunque no todos requieren la misma atención.
La crisis económica y los cambios legales que reconocen nuevos derechos a los ciudadanos «han generado un colapso en los ya de por sí sobresaturados servicios sociales de base», advierten los trabajadores en un escrito respaldado «por el 99% del personal». En la protesta desarrollada ayer en las escalinatas del Ayuntamiento participaron «trabajadoras sociales, auxiliares y jefes de negociado» para expresar su descontento con la política del área.
Las profesionales reclaman un aumento de plantilla y una organización que «dignifique» los servicios sociales, aunque eso signifique detraer recursos de otros departamentos «para atender a la gente más vulnerable». El Ayuntamiento insiste en que «no todo puede ser meter más personal» y hay que tomar otras medidas para afrontar la avalancha de peticiones. En algunas bases hay problemas de espacio para acomodar a las últimas personas contratadas.