Hace dos años, la oposición de los principales sindicatos al proyecto de reforma migratoria fue uno de los factores decisivos para el fracaso de la misma en el Senado estadounidense.

Este año, los líderes de los dos sindicatos más poderosos han mostrado entusiasmo alrededor de las líneas generales del proyecto de reforma migratoria del presidente Barack Obama.

Ese plan, que será delineado por la Casa Blanca a partir de mayo próximo, propone, entre otras cosas, abrir un camino a la legalización para unos 12 millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos; sin embargo, no contempla un plan de trabajadores temporales para ciertos sectores de la economía, un componente clave del proyecto de ley de 2007 que elaboró la administración de George W. Bush y un grupo de 12 senadores de ambos partidos.

El presidente del poderoso sindicato Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), John Sweeney, dijo en una conferencia de empleadores en Washington que “el movimiento laboral trabajará de manera conjunta para asegurarse que el Congreso y la Casa Blanca entiendan que hablamos del tema migratorio como una sola voz”.

Sweeney se refería al acuerdo logrado con Cambio para Ganar, su gran rival sindical.

Su presidente, John T. Hansen, adelantó al periódico The New York Times que Cambio había alcanzado un acuerdo con la AFL-CIO para unificar criterios en torno a la reforma migratoria.

En 2007, los dos sindicatos tenían visiones encontradas sobre el proyecto de reforma migratoria, algo que erosionó parte del apoyo de legisladores demócratas hacia el proyecto bipartidista.

Los sindicatos constituyen una importante base de apoyo político y electoral para el Partido Demócrata, que cuenta desde enero de este año con mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Hansen llamó al acuerdo “la creación de los ladrillos para construir una reforma migratoria en el Congreso este mismo año”.

Como parte del nuevo acuerdo, los dos sindicatos propondrán al presidente la creación de una comisión nacional que manejaría la autorización de nuevos trabajadores inmigrantes.

Esa comisión determinaría cuántos nuevos trabajadores permanentes deberían ser admitidos cada año con base en la demanda laboral de los diversos mercados estadounidenses.

Los ejecutivos dijeron que esa comisión ayudaría a reducir la presencia de trabajadores extranjeros durante períodos de alto desempleo, como el que vive actualmente Estados Unidos como resultado de la crisis económica.
Críticas

Sin embargo, analistas y representantes de sectores como la Cámara de Comercio de EUA consideran que un proyecto de reforma que no contemple la incorporación de nuevos trabajadores migrantes de manera ordenada no solucionará el problema.

El vicepresidente de asuntos de empleo, inmigración y beneficios laborales de la Cámara de Comercio, Randel Johnson, expresó al periódico The New York Times que “si los sindicatos creen que van a presionar por una ley sin el apoyo del sector empresarial, están locos”.

El Ejecutivo repitió la visión que la Cámara de Comercio mantiene desde hace varios años con respecto a inmigración: “Solo hay una oportunidad de aprobar una reforma migratoria y como parte de ello necesitamos expandir nuestros programas de trabajadores temporales”.

Los sindicatos se oponen a los programas de trabajadores temporales porque obligan a los trabajadores a mantenerse con un empleador o un sector determinado sin importar los abusos a los que puedan ser sometidos, lo cual, a su juicio, deteriora la situación de todos los empleados en general.

Pero el apoyo de los poderosos sindicatos a un proyecto de reforma, incluso sin el componente de trabajadores temporales, tiene también detractores dentro de los sectores más conservadores del país.

El legislador republicano Steve King reaccionó de inmediato a la propuesta de los sindicatos en un comunicado, en el que advertía: “En medio de una crisis económica, los estadounidenses no podemos darnos el lujo de perder más empleos para dárselos a trabajadores ilegales”.

El legislador, miembro del Subcomité de Inmigración en la Cámara Baja del Congreso, dijo además que el presidente Obama la tendría difícil a la hora de justificar un programa como ese.

“Los trabajadores estadounidenses confían en el presidente Obama para mantener sus empleos, y él se los estaría dando a todos ellos, que han permanecido acá de manera ilegal”, consideró el parlamentario.

La semana pasada, la Casa Blanca anunció que el mandatario tiene pensado dar un discurso para relanzar oficialmente la discusión de la reforma migratoria en el mes de mayo, y que efectuará una serie de consultas con diferentes actores involucrados en esa temática, tal como lo ha hecho con otros de sus proyectos como la reforma de salud y la recuperación económica.