La reforma que plantea el Gobierno supone un avance sustancial en el reconocimiento de derechos – asociación, manifestación, reunión y sindicación – que el Tribunal Constitucional siempre ha considerado consustanciales a la persona, no concesiones administrativas (…). Ello no ha impedido que el Consejo General del Poder Judicial cuestione la diferencia de trato en el acceso del inmigrante a la asistencia jurídica gratuita (…). [EDITORIAL].