Apenas 78 inmigrantes en situación legal, de los 96.635 que están registrados en Euskadi con permiso de residencia, se han acogido desde noviembre pasado al programa de retorno voluntario a sus países de origen, una oferta que el Ministerio de Trabajo realiza a los extranjeros con ‘papeles’ que se queden en paro por la crisis y que les permite percibir la totalidad de la prestación por desempleo en dos plazos, la mitad, antes de volver, y el resto, en el lugar de destino.

Las repatriaciones solicitadas en Euskadi con ese incentivo económico – 27 en Álava, 26 en Guipúzcoa y 25 en Vizcaya – sólo representan el 2% de las que se tramitan en toda España (3.823, la mitad de ellas en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia). No obstante, la otra fórmula humanitaria de que disponen los extranjeros para regresar a su casa de ‘motu proprio’ – que les paguen el billete cuando carezcan de medios de subsistencia – ha experimentado un aumento importante en el País Vasco desde agosto pasado, si bien todavía no aparece reflejado oficialmente en las estadísticas.

La Cruz Roja, una de las ONG que se ocupa de los retornos humanitarios en Euskadi, tiene prácticamente dos citas al día en Vizcaya desde enero pasado, con extranjeros que sopesan la posibilidad de regresar, un proceso administrativo que se prolonga varios meses. Según esta organización, aproximadamente la mitad de los inmigrantes que acuden a sus oficinas en Bilbao, muchos de ellos de origen boliviano, se marchan finalmente a su país. En el conjunto de España, los extranjeros que se beneficiaron de ese viaje de vuelta casi se duplicaron entre 2006 y 2008, pasando de 958 a 1.821.

De todos modos, la situación de los trabajadores foráneos en la comunidad vasca, aún siendo cada vez más difícil debido al deterioro de la economía, no parece todavía tan acuciante como en otras regiones, donde las estadísticas indican que la presencia de no comunitarios ‘legales’ (esencialmente, latinoamericanos, magrebíes y subsaharianos – rumanos y búlgaros figuran como comunitarios – ), se ha reducido durante 2008, algo que no ha ocurrido en Euskadi y en otras áreas del norte peninsular.

Según la Administración central, en la Comunidad Valenciana el colectivo de no europeos con ‘papeles’ disminuyó en 32.280 personas durante el año pasado. En Andalucía, el retroceso fue algo inferior, aunque también notable (25.796). Castilla – La Mancha contabilizó un descenso de 11.994 individuos, mientras que en Castilla y León se registraron 7.998 personas menos. La cifra de no comunitarios ‘legales’ cayó, igualmente, en Aragón (3.882), La Rioja (2.502) y Extremadura (1.176).

En el País Vasco, por el contrario, ese colectivo aumentó en 4.578 individuos, una cifra alejada de los incrementos que se registraron en Cataluña (33.657) y Madrid (17.534), pero no tan distante del que se produjo en Baleares (5.863). La variación constatada en Euskadi es llamativa si se tiene en cuenta que la comunidad acoge globalmente a 96.395 extranjeros con ‘papeles’, mientras que Cataluña suma 974.743; Madrid, 796.979, y el archipiélago balear, 189.707.

Los expertos en Extranjería pronostican que el País Vasco verá aumentar la población extranjera, debido a las características de su tejido industrial. Según sus cálculos, pasarán de representar en torno al 5% de la población total – 117.000 personas empadronadas a comienzos de 2008, con o sin permiso de residencia – al 8% e incluso al 10%. No obstante, ese crecimiento no se desarrollará con la intensidad de los últimos años, sino en un periodo probablemente más largo, en forma de goteo de trabajadores que se desplazarán desde las autonomías donde el paro golpea con más fuerza a otras en las que la situación no es tan grave.

«Migración circular»

Mientras esos movimientos se producen – Navarra, Cantabria y Galicia también registraron el año pasado aumentos de inmigrantes legales – , los especialistas recuerdan que el plan de regreso voluntario con el dinero del paro no está cosechando los resultados esperados, al menos, de momento. Y es que el propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se marcó el objetivo de devolver a casa a 100.000 extranjeros por un plazo de al menos tres años, con la promesa de darles preferencia para entrar en España pasado ese tiempo; pero han transcurrido cinco meses desde que esa iniciativa se puso en marcha y se ha quedado por debajo de 4.000 trabajadores, en su mayoría ecuatorianos y colombianos.

No obstante, desde el Gobierno central insisten en que la oferta de retorno no es coyuntural, sino permanente. «Se trata de facilitar las denominadas ‘migraciones circulares’ – explica el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces – . Permite a las personas migrantes decidir su estancia en España de acuerdo tanto a las oportunidades laborales de su país de origen como a las del nuestro».

En realidad, varias comunidades autónomas y las ONG ya advirtieron al ministro Corbacho de que su oferta de repatriación dejaba fuera a cientos de miles de inmigrantes irregulares, pues estos no pueden capitalizar ninguna prestación de desempleo al no haber cotizado previamente por un empleo legal. Y es este colectivo de ‘sin papeles’ – formado por entre 7.000 y 10.000 personas en Euskadi, según algunas estimaciones, y por unas 20.000 si se cotejan los permisos de residencia y los empadronamientos – el más afectado por la exclusión social.

A causa de la crisis, las ocupaciones que los ‘irregulares’ desempeñaban hasta ahora – hostelería, agricultura, servicio doméstico, etc. – se las disputan hoy los ‘legales’ e incluso la población autóctona, un fenómeno que es perceptible en las campañas de los temporeros de Álava y también entre los trabajadores forestales.