La forma de operar de la red ahora desarticulada era siempre la misma. Los marroquíes eran reclutados en Marruecos por otros ciudadanos del mismo país. Tras abonar al enlace la cantidad de 10.000 euros, recibían la documentación para residir y trabajar en España. La cantidad económica que les pedían, según fuentes de la investigación, suponía un desembolso que implicaba en ciertos casos desprenderse de todos los bienes que poseían en Marruecos. Una vez en España, los inmigrantes prestaban servicios en la empresa Encofraga durante breves períodos de tiempo, en los que eran sometidos a amplias jornadas laborales, sin descansos y con retribuciones inexistentes en algunas ocasiones.

Los inmigrantes eran enviados a centros de trabajo dispersos por todo el país, decisión que incumplía lo estipulado en las autorizaciones de residencia. Esta circunstancia provocó que la empresa de Santiago fuera sancionada por la Seguridad Social, organismo al que Encofraga adeuda importantes sumas por impagos.

La documentación incautada en los registros incluye informes de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la Inspección de Trabajo, ofertas de empleo y contratos. También se hallaron solicitudes de residencia y resoluciones de la Administración sobre este asunto, algo que viene a reforzar las declaraciones prestadas por las víctimas. Estos datos serán analizados y no se descartan nuevas detenciones.