Sería lógico que, además de solicitar paciencia y comprensión hacia determinados comportamientos por parte de menores inmigrantes, también se intentara explicar a la sociedad los posibles motivos que justificasen razonablemente tales peticiones. Motivos que a buen seguro a más de uno le costará entender, teniendo en cuenta que con la persistente reiteración de hechos delictivos por parte de un grupo de estos menores (perfectamente identificado) hace suponer, en buena lógica, su total inadaptación en una sociedad que les ha acogido sin reparo alguno, ofreciéndoles un techo, una educación, ropa, comida e incluso algo de dinero.
Sin entrar a valorar cuestiones de ética, de compromiso social, o de moral cristiana, el hecho cierto es que estos presuntos delincuentes perjudican notoriamente con su deleznable comportamiento al resto de compatriotas suyos que llegan a nuestro país atraídos por la posibilidad de una vida mejor y aleccionados por lo que se ha dado en llamar el efecto llamada. Jóvenes que arriban a nuestras costas provistos de inmejorables intenciones y que por culpa de una exigua minoría se exponen a la incomprensión y al rechazo de una sociedad que nunca jamás ha tenido objeción alguna para aceptar al inmigrante que ha venido con la intención de labrarse honradamente un porvenir. Asimismo, sería perfectamente exigible, de quien sea menester, que en tanto no se elabore una ley que recoja el vacío legal existente ante esta extraordinaria e inaceptable situación y se tomen las medidas que requiere el caso (sea de índole económico, político, social, etc.), se proceda a un exhaustivo control sobre esas personas, con el fin de evitar en lo posible males mayores que podrían llegar.