La familia procedente del barrio sestaoarra de Simondrogas que el miércoles se instaló en La Arboleda, escoltada por la Ertzaintza y repudiada por los vecinos, emprenderá acciones legales contra el Ayuntamiento de Trapagaran por negarle el empadronamiento. El matrimonio cuenta ya con el asesoramiento de una letrada, que estudia la manera de iniciar las diligencias, bien directamente contra el propio Consistorio o mediante «otro tipo de denuncias». Así lo explicaron ayer portavoces de una decena de asociaciones gitanas de Euskadi, que condenaron los altercados y se comprometieron a defender el «derecho de la familia a vivir en el municipio donde se les ha alquilado una vivienda».
Los incidentes registrados el miércoles llevaron al matrimonio a abandonar el piso protegido que les ha concedido el Gobierno vasco en la zona. Ocurrió después de que un técnico de Sestao Berri, la sociedad que ha gestionado el traslado, fuera agredido por uno de los manifestantes que se concentraron durante todo el día en los alrededores. «La protección policial formada por una quincena de agentes sólo duró hasta las seis de la tarde», explicó ayer Vicente Gil, el técnico de la asociación Iniciativa gitana que acompaña a la pareja. «La familia vio por la ventana el ataque a esta mujer y se preguntó: ’Si a ella le hacen eso, ¿qué nos va a pasar a nosotros?», apuntó.
El problema, según Gil, es especialmente grave si se tiene en cuenta que el matrimonio tiene cinco hijos. «¿Cómo va a meter alguien a cinco menores en esa casa en esas condiciones?», señaló. El técnico de Iniciativa gitana también avanzó que los afectados podrían denunciar a los vecinos de La Arboleda por amenazas e insultos, y avanzó que existe una tercera causa de delito por daños contra la propiedad. «Han atacado dos veces la puerta del domicilio: una vez la sellaron con espuma y otra levantaron un tabique», recordó.
Intercambio de demandas
El matrimonio no será el único que recurrirá a los tribunales. También varios técnicos de Sestao Berri se sienten damnificados y presentarán sus denuncias. Así lo aseguró ayer el viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, Javier Burón. «Habrá cuatro demandas a título personal: tres por amenazas, algunas de ellas de muerte, y otra por agresión», reveló.
A todo esto hay que sumar la posible denuncia de la asociación de vecinos de La Arboleda, que cuentan con el apoyo del gabinete jurídico del Ayuntamiento de Trapagaran. Los residentes estudian demandar a un medio de comunicación autonómico por acusarles de agredir a la Policía.
Y mientras todas las partes centran ahora su atención en las acciones legales, la familia ha vuelto al hostal de Galindo en el que reside desde agosto de 2007. Así lo confirmó el dueño del negocio, quien explicó que el grupo ocupa dos habitaciones. «Tienen calefacción, televisión y cuarto de baño», detalló, al tiempo que insistió en que desde que son sus huéspedes no han provocado ningún altercado.
Nada que ver con el conflicto vecinal vivido anteayer, que fue condenado por el Consejo para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País Vasco. El colectivo, que aúna a diez asociaciones vascas, exigió a los responsables del Ayuntamiento de Trapagaran que «pongan los medios oportunos para cumplir las recomendaciones del Ararteko», que esta misma semana hizo pública su resolución instando al empadronamiento de la familia. También pidió a los representantes de los diferentes grupos municipales que reprueben los sucesos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que «garanticen la integridad física de la familia afectada y de sus bienes».