>El rechazo vecinal que se produce en La Arboleda hacia una familia que dicen es “conflictiva” está destapando la inoperancia de las instituciones municipales incapaces de impedir actitudes que dañan gravemente los derechos humanos.

>eL realojo por la fuerza y, de momento, fallido, de una familia en La Arboleda ha situado a la sociedad vasca ante un fenómeno difícil de calificar porque roza de manera peligrosa muchos de los fundamentos del incuestionable respeto a los derechos humanos del que se debe enorgullecer cualquier persona, colectivo social y, por descontado, toda institución pública. Varias dotaciones de la Ertzaintza se debieron emplear a fondo para posibilitar a mediodía del miércoles la entrada en su domicilio de una familia compuesta por matrimonio y cinco hijos. Y se enfrentaron con los vecinos de La Arboleda con escenas violentas fuera de todo lugar. Es importante recordar que la vivienda en la que pretendía vivir la familia procedente de Sestao está regida por las normas que marca el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco bajo la figura del realojo. Y decimos pretendía porque todavía la familia no ha conseguido dormir en paz en su interior. Porque los vecinos han impedido finalmente el realojo. Precisamente ayer, el viceconsejero de Asuntos Sociales, Fernando Consuegra, tras condenar la actitud de los vecinos, se mostró duro y rotundo al calificar este comportamiento como “racista y xenófobo sin paliativos”. Pero lo que es condenable desde los más elementales fundamentos del respeto al ser humano, a cualquier ser humano, es la actitud del Ayuntamiento de Trapagaran, que no sólo se ha negado de forma insistente a empadronar a la familia afectada, sino que ni siquiera actúa tras conocer el informe del Ararteko Iñigo Lamarka sobre el conflictivo asunto. Para más congoja, otro ayuntamiento socialista, el de Sestao, se suma a las acusaciones contra los regidores de La Arboleda, en un tira y afloja que en nada favorece la normalización y la convivencia. Las palabras del presidente de la Asociación de Vecinos de La Arboleda, Iñaki Zamarripa, que hoy publica DEIA, en las que pide respeto para la familia pero al mismo tiempo anima a los habitantes de la localidad a participar en una manifestación y lanza insinuaciones sobre la presunta peligrosidad de la familia que se quiere realojar, tampoco parecen el mejor camino hacia la conciliación. Si de algo deberían hacer alarde tanto el colectivo de vecinos como el regidor de Trapagaran, Jesús González Sagredo, es de aplicar acciones activas de integración como representantes públicos que son cada uno en su medida. La amenaza de denuncia judicial de la propia familia, arropada por una decena de colectivos gitanos, es una reacción lógica pero en nada ayuda a una futura resolución del conflicto. Un asunto que no quedará definitivamente olvidado mientras la familia consiga vivir con normalidad en La Arboleda. Sólo con pasos en positivo por parte de todos los colectivos implicados se conseguirá potenciar la convivencia en positivo.