A lo largo del domingo pasado llegaron a Italia más de 600 emigrantes clandestinos del norte de África. El ministro del Interior, Roberto Maroni, dijo que eso se iba a terminar a partir del próximo 15 de mayo. Ese día comenzarán las patrullas mixtas con Libia en las que participarán seis embarcaciones.

No había pasado un día cuando empezaron a saltar las alarmas por un nuevo naufragio por mal tiempo, precisamente en las aguas que vigilarán esas patrulleras. Se hablaba de más de 200 desaparecidos y 23 muertos.

Hasta media docena de barcos zarparon sobrecargados con pocas horas de diferencia. Uno llegó a Sicilia, otro a la isla de Lampedusa, otro fue rescatado por un buque italiano con 356 personas – dos murieron al llegar a tierra – y remolcado a un puerto libio, otro se hundió con 257 emigrantes a bordo – 23 supervivientes, 21 muertos y el resto desaparecidos – y otros dos, que se cree pueden ser pesqueros, estaban anoche todavía sin localizar. Todo ello según datos de la oficina de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en Trípoli facilitados a ABC.

En 2008 llegaron 37.000

Sólo el año pasado llegaron unos 37.000 sin papeles a las costas italianas. Casi todos emplearon las rutas que llevan a través del Mediterráneo desde Túnez, Argelia y, sobre todo, Libia.

El acuerdo con Muamar el Gadafi para las patrullas será un aldabonazo para la lucha contra la emigración clandestina, pero la falta de información y de derechos de los emigrantes sigue pesando como una losa sobre territorio libio, donde el desarrollo de una sociedad civil local que arroje luz sobre el drama migratorio es casi inexistente.

Libia, que cuenta según la OIM con dos millones de inmigrantes «sin papeles» entre una población de seis millones, no permite la creación de ONG locales. Admite que los ciudadanos realicen trabajos humanitarios pero a la sombra del poder. En este sentido, la OIM forma a personal para tratar de mejorar las condiciones en los treinta centros de detención que hay, explica Michel Bombassei, de la OIM en Trípoli.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), dijo ayer en un comunicado que la tragedia «no puede ser calificada como un mero accidente. Delegar el control de fronteras en países extracomunitarios como Libia, donde no se pueden garantizar los derechos de los migrantes, significa asumir una corresponsabilidad», sin descartar que la salida de los últimos barcos se deba a las patrullas mixtas.

Ayuda policial de la UE

El país magrebí, que reconoció haber repatriado a 31.000 emigrantes en 2007, no es firmante de la Convención de Ginebra, que otorga protección a los refugiados, pero respalda la Convención Africana de los Refugiados, «cuyo estatuto es incluso más accesible que el de la ONU», según Bombassei.

A esto hay que añadir el problema del control de las fronteras. Libia, que ha pedido ayuda a la UE, tiene unos 4.000 kilómetros de frontera terrestre y 1.700 de costas. El pasado octubre este corresponsal se encontró con docenas de emigrantes que ascendían por el norte de Malí hacia Libia tras fracasar en su intento de llegar a Europa por la ruta entre Marruecos y España, más vigilada.

A raíz de los últimos sucesos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, lamentó ayer la «globalización asimétrica» que hace que el dinero y las mercancías se muevan libremente y «sin embargo, los obstáculos al movimiento de las personas aún siguen presentes y, en cierta medida, aumentan». La ONU no descarta que la crisis empuje a más emigrantes africanos.