se ven obligados a remar en la misma dirección, pero el desencuentro es evidente y cada uno mira hacia un lado. La Diputación y SOS Racismo se han convertido en las últimas semanas en un matrimonio mal avenido con menores de por medio. Dos entidades que velan por los derechos del eslabón más vulnerable, obligadas a entenderse, pero que no parecen ponerse de acuerdo en el diagnóstico de la situación ni en el abordaje de la atención a los chavales extranjeros no acompañados. Entretanto, el goteo de robos protagonizados por algunos de ellos no cesa, y la sociedad está alarmada.

“Para qué nos vamos a engañar, no resulta cómoda esta situación. En mes y medio han ocurrido demasiadas cosas y el fenómeno se ha sobredimensionado”, admitía ayer a este periódico Peio Aierbe, responsable del Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia (Mugak), de SOS Racismo.

La disputa dialéctica y el cruce de críticas con el Ejecutivo foral no han cesado en las últimas semanas. La diputada de Política Social, Maite Etxaniz, está persuadida de que SOS Racismo “no está sabiendo interpretar su papel”, ejerciendo una “intromisión constante” en la labor de tutela que le corresponde. “Hablan siempre de derechos de los chavales, pero nunca de deberes”, añadía el miércoles de la semana pasada Etxaniz en su comparecencia en Juntas Generales. Minutos después venía la respuesta de SOS Racismo a través de un comunicado: “El fracaso de la actual política de acogida es la que ha llevado a la situación actual”.

reorientación del servicio

¿Una atención integral?

El desencuentro no nace de la nada, y coincide en el tiempo con la reorientación que se ha propuesto hacer la Diputación del servicio de atención a menores extranjeros no acompañados. La experiencia del centro de acogida de urgencia de Tolosa, donde los contratiempos entre los menores y los vecinos de la localidad fue una constante, son hoy un mal recuerdo. La Diputación ha ensayado soluciones, y después de ofrecer una estancia “puente” a estos chavales en el centro de acogida de urgencia de Zarautz, los inquilinos más conflictivos fueron derivados a Deba, donde se acaba de poner en marcha un programa para menores con graves problemas de conducta, que ha acabado por encender la mecha de la discordia.

Aierbe recalca que el aviso a navegantes se había dado antes de la catarata de episodios delictivos. “En una reunión le hicimos saber a la Diputación que el programa de Deba no se ajustaba al problema, que hacía falta una atención integral para los chavales”, resalta.

La reclamación se asentaba sobre dos patas: los chavales, por muy conflictivos que fueran, también tenían derecho a resolver su situación administrativa, “algo que para ellos resulta clave”. En segundo lugar, a SOS Racismo tampoco le parecía procedente que se estuviera cortando el proceso de formación de algunos de estos chavales, “cuando estaba demostrado que estaban funcionando”. Acompañaron su reclamación con un dossier sobre la mesa que incluía informes detallados de menores que seguían su formación en Centros de Iniciación Profesional (CIP).

Aquella reunión, que tuvo lugar el pasado 9 de marzo, finalizó sin la receptividad que las dos partes esperaban, y a partir de ahí se fue abriendo la brecha que no hizo sino aumentar cuando SOS Racismo tuvo conocimiento poco después de que un grupo de menores de Deba quería interponer una denuncia. “No los buscamos, fueron ellos los que vinieron a nosotros porque nadie les había ayudado a hacer reclamación alguna. Sólo les asistimos para que ejercieran su derecho”, precisa Aierbe.

La asociación les acompañó a Fiscalía, donde dejaron constancia de que se sentían “abandonados” y privados de un acceso a los centros formativos. “Fueron los propios chavales quienes también decidieron acudir al juzgado para denunciar que soportaban malos tratos”, recalca Aierbe.

comienzan las fugas

Espiral delictiva

Las fugas del centro fueron una constante, y la alarma consiguiente motivó la comparecencia de urgencia de la diputada, a petición propia, la semana pasada. En un ánimo de exponer gráficamente la dimensión del problema, se reveló que los moradores del centro de Deba acumulaban 286 causas judiciales.

Pero también se lanzaron airadas críticas hacia SOS Racismo: “El papel que esta entidad ha jugado en los últimos tiempos es claramente distorsionador. Además, ha enviado mensajes erróneos al colectivo de menores acogidos”.

La asociación no siente de ningún modo que se esté entrometiendo en el trabajo de nadie. Dice que el papel fundamental lo tienen los educadores, y con ello mete el dedo en la llaga porque, a su entender, es la pata que cojea en el modelo de atención a los menores. “Hace falta crear un programa de refuerzo educativo, con recursos de apoyo que actualmente no existen. Es la misma reclamación que venimos haciendo desde hace un año y medio”, subraya el responsable del centro de estudios de la asociación.

El problema parece haberse disparado con los menores de Deba, y la labor de acompañamiento de los menores que ha ejercido SOS Racismo no es compartida por la Diputación. El Ejecutivo cree que “apoyarles en su enfrentamiento con el equipo educativo y alentarles para no respetar las normas educativas es un claro error”.

SOS Racismo dice no tener ninguna intención de seguir manteniendo este pulso, y está a la espera de comparecer en las Juntas Generales como ha solicitado Aralar para evitar el atrincheramiento de posiciones que parece persistir.