La Fiscalía ha abierto expedientes de expulsión a 16 jóvenes tutelados por la Diputación que se hacían pasar por menores de edad. Las pruebas óseas realizadas por el Ministerio público durante las últimas semanas han desvelado que la edad de estas personas no se corresponde con lo que aparece en sus pasaportes. Aralar denunció ayer este «grave asunto» y anunció que solicitará la comparecencia del diputado foral de Acción Social, Juan María Aburto, al que pedirá que adopte las «medidas necesarias» para que la Fiscalía no actúe de manera «abitraria y represiva».

Los hechos se han desarrollado durante el mes de marzo. La Diputación informó a la Fiscalía de que, en varios de sus centros, estaba acogiendo a un grupo de personas cuya edad generaba «dudas razonables» en los responsables forales. Además de atender a los menos en situación de desprotección que se encuentran en el territorio, la institución también tiene la «obligación» de documentar a todos aquellos jóvenes que se integran en la red foral de de centros de acogida, según explican fuentes de Acción Social. En el supuesto de que estos jóvenes carezcan de pasaportes o los documentos presentados despierten suspicacias, la Diputación «debe avisar» a la Policía y a la Fiscalía para que realice las averiguaciones oportunas. Si los análisis determinan que son mayores de 18 años, estos jóvenes dejan de ser tutelados en la red de acogida y pasan a manos de los servicios estatales de extranjería.

Este es el procedimiento que se ha seguido en este caso, añaden los mismos medios. De hecho, hace un par de semanas, cuatro de los inmigrantes citados fueron detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía de Bilbao acusados de un delito de falsificación documental, después de que hubiesen presentado pasaportes falsos para evitar su expulsión. Valiéndose de las pruebas óseas, la Policía descubrió que una decena de jóvenes acogidos en la red foral también había sobrepasado la mayoría de edad, aunque no pudieron ser arrestados porque habían «abandonado» previamente las residencias. A partir de ese momento, a los detenidos se les empiezan a aplicar las normas de extranjería y se les incoa un «expediente de expulsión» por su «estancia irregular».

«Derechos humanos»

En todo caso, el juntero de Aralar, Iosu Murgia, pedirá la comparecencia del responsable de Acción Social para que «aclare» estas sucesos, que guardan cierto paralelismo con lo ocurrido en febrero en Álava, donde también se detectó a una quincena de individuos que se hacían pasar por menores de edad. Después de subrayar que son chavales que no están generando «ningún problema» en sus «procesos formativos», el portavoz de la formación abertzale recriminó a la Diputación su «silencio» en este asunto y denunció que la Policía «secreta» ha entrado en los centros forales «sin orden de registro y sin preaviso de los procedimientos judiciales». «Esto deja en el aire el nivel de complicidad en estas medidas represivas y de conculcación de derechos humanos de la propia Diputación», lanzó.