La presidenta regional, Esperanza Aguirre, presentó ayer, rodeada de inmigrantes exitosos, su nuevo Plan de Integración para extranjeros de la Comunidad de Madrid. Un vaporoso catálogo de 212 medidas que se traduce, según la información facilitada, en un presupuesto de 7.397 millones euros. Un montante a desglosar en los ejercicios que abarcan desde ya, o sea, 2009, hasta 2012. Cuatro años y una cifra que duplica a todo el coste del soterramiento de la M – 30, la faraónica obra del Ayuntamiento de Madrid. Pero tiene truco. El dinero presupuestado, sencillamente, es el resultante de sumar el coste que suponen los servicios a los extranjeros en capítulos como la sanidad o la educación (obviamente, apartados en los que también se gasta en los nacionales). En Madrid hay 1.108.000 inmigrantes de los cuales cotizan a la Seguridad Social 412.415.

Así, se cuenta los mil millones largos (1.160) que cuesta anualmente su atención sanitaria. O los 415,6 millones por ejercicio que supone la educación de sus hijos. Sobre su aportación a las arcas comunitarias, nada se dice. La costumbre de incluir en el coste de un proyecto todos sus derivados parece últimamente arraigada. También se hace en las cuentas del Estado y en otras comunidades autónomas.

En realidad, las medidas para la integración no figuran en ningún presupuesto, incluso muchas de ellas no podrían tenerlo ni aunque alguien se hubiese puesto a ello (realización de gestiones ante la Administración central para mejorar la homologación de títulos académicos, una actividad incuantificable por ejemplo).

Una portavoz del Gobierno regional confirma el sistema de elaboración del presupuesto, pero considera que es normal y que así se hace en otras instituciones. Un extremo que no comparte en absoluto María Antonia García, responsable de inmigración del Grupo Parlamentario Socialista, que considera estas cuentas “una tomadura de pelo en la que no se incluye todo lo que aportan esos ciudadanos con sus impuestos”. En opinión de García “se ha disgregado de todo el gasto lo que han costado los extranjeros en cada uno de sus derechos y los han metido en un plan que no tiene nada que ver con ese asunto”.

El plan, pergeñado por el Foro de la Inmigración en conjunto con varias consejerías afectadas, sí propone una batería de medidas más o menos destinadas a ayudar a la inmigración. Aguirre, en su breve y muy aplaudida alocución, puso el acento en la aligeración de burocracias a la hora de homologar títulos y en una asesoría “con los mejores abogados” para aprender “las leyes españolas”.

Los “obejetivos generales, objetivos específicos y medidas” se dividen en múltiples epígrafes, como “acogida”, “empleo”, “servicios sociales”, “vivienda”, “mujer y juventud”. Apenas se traducen en iniciativas concretas. Así, en empleo se puede ver propuestas como “potenciación de la relación con el sector empresarial y las entidades sociales en el ámbito de la formación y el asesoramiento”. Un tipo de objetivos, los de empleo, que los sindicatos han criticado con dureza. Comisiones Obreras lo ha tildado de “muy insuficiente”, señalando que las medidas para paliar el paro sólo suponen el 2% de lo presupuestado.