La red de prostitución desarticulada por la Policía Nacional en A Coruña servirá para tirar del hilo de la maraña que rige el funcionamiento de los pisos patera de esclavas sexuales en el resto de España. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron ayer que el matrimonio que administraba las empresas Gatitas y Etiqueta Negra, cabecillas del grupo de seis detenidos, cambiaba de mujeres cada 21 días en los dos inmuebles de contactos que regentaban en la ciudad, en las calles San Sebastián y San Luis. De hecho, las diez chicas rescatadas, la mayoría de origen brasileño, tenían residencia en otras provincias, fundamentalmente Madrid, Barcelona, Alicante y Castellón.

Miguel Ángel Rodríguez Parga, de Abegondo, y su mujer, Mayra Mirquella Castellano Román, de la República Dominicana, fueron puestos a disposición judicial el sábado junto con otros cuatro vecinos de A Coruña, en su mayoría personal encargado de los dos inmuebles, que vigilaban la actividad y controlaban a las chicas.

Las jóvenes eran supuestamente reclutadas a través de contactos con otros proxenetas del resto del país, de modo que la mafia de explotación sexual podría afectar a decenas de mujeres, obligadas a prostituirse durante jornadas de 20 horas, con solo una hora para salir a comprar o utilizar la cocina, de modo que si estaban atendiendo un servicio no comían, y multas de 20 euros si se retrasaban. Además, las condiciones higiénico-sanitarias eran nulas: se las forzaba a mantener relaciones sexuales sin preservativo y no se les permitía parar ni para ducharse entre cliente y cliente. Un juego de sábanas al día era todo lo que recibían.

Al 50%

Ellas mismas tenían que comprarse los preservativos y costearse sus gastos y en algunos casos no recibían ya su parte, el 50% de lo cobrado al cliente, dado que los proxenetas se lo quedaban como pago por las deudas contraídas para viajar hasta España. Fuentes cercanas a la investigación señalaron también que el sometimiento de las mujeres radicaba no solo en el temor a ser denunciadas y expulsadas de España, ya que la mayoría están en situación irregular, sino que obedecía a las amenazas físicas hacia sus familiares y también al hecho de que no disponían de su documentación, que le era incautada como medida para eludir cualquier intento de fuga. La crudeza de las condiciones en las que se veían obligadas a vivir se refleja en la habitación de siete metros cuadrados con literas para las chicas, la única estancia en la que se les permitía descansar.