«Estamos totalmente en contra». Sindicatos criticaron ayer a la Diputación por proponer que se cambie la ley para posibilitar la repatriación de los menores «reiteradamente conflictivos» que no quieren integrase en los planes de inserción.

Esta propuesta, formulada por el diputado de Acción Social, Juan María Aburto, en una entrevista concedida a este periódico, no fue bien acogida por distintos colectivos que trabajan con menores inmigrantes , aunque sólo unos pocos quisieron valorar públicamente las palabras del responsable foral.

Los sindicatos y los educadores de menores consultados recalcan que el 99% de los jóvenes acogidos en los centros forales no crean problemas. Mantienen que estos conflictos se generan en los albergues de gran capacidad, en los que no existe la posibilidad de ofrecer «una atención más personalizada». Y, en este sentido, subrayan la importancia de los pisos pequeños en los procesos de inserción.

Las centrales mantienen que la Diputación cuenta con recursos «suficientes» para hacer frente al cuidado de los menores en situación de desprotección que residen en Vizcaya. Por eso, reclaman a la institución foral que defina con «claridad» el sistema de atención que pretende desarrollar en el territorio. «Deben aclarar si quieren un modelo como el de Guipúzcoa, en el que todos los servicios están subcontratados, o prefieren orientarse hacia un sistema de atención propio», explican, antes de pedir al Departamento una actuación más «decidida» en este ámbito. «Que se dejen ya de mentar el efecto llamada y que se dediquen a atender a los que ya están aquí», concluyen.