- Ocho de cada diez mujeres asesinadas por sus parejas en 2008 no habían formulado ninguna denuncia previa. La frase se repite año tras año.

- Por eso es tan importante que las mujeres denuncien. La muerte es el final de un maltrato físico y psicológico continuado. Si las instituciones lo conocieran, podrían intervenir para cortarlo.

- ¿Qué pueden hacer los jueces con la reconciliación de parejas en las que se ha producido maltrato?

- Cuando se reanuda la convivencia, el juez escucha a la víctima y, con la ayuda de personal especializado, determina si ella actúa con libertad o no. Muchas veces la decisión está condicionada por amenazas, por la presión familiar o por la dependencia psicológica.

- Algunos jueces consideran contraproducente que la orden de alejamiento se tenga que dictar de forma automática en todos los casos.

- En el Observatorio creemos que esa medida podría evitarse cuando se trate de un primer acto de violencia ocasional, cuando el condenado haya mostrado arrepentimiento y no exista riesgo de nuevas agresiones. Ahí sería posible que el juez pudiera determinar si la orden de alejamiento es idónea o no. Pero habría que modificar el Código Penal. Debemos esperar a las conclusiones que arrojen las comparecencias que se están convocando en el Congreso. Hay opiniones diferentes.

- Los inmigrantes cada vez aparecen más entre las víctimas y los agresores. Su predecesora, Montserrat Comas, propuso exigirles un compromiso con la igualdad.

- Las reglas de juego están en la Constitución. Más que una formación teórica o doctrinal, lo importante es que las inmigrantes conozcan sus derechos, que se acerquen a las instituciones para ejercerlos y que dispongan de medios para superar sus dificultades: el idioma, la falta de redes familiares de apoyo y, a veces, la falta de ‘papeles’. Los tengan o no, los poderes públicos atenderán sus denuncias porque estamos hablando de derechos humanos.