Los robos y peleas protagonizados por menores extranjeros en los últimos días han vuelto a poner sobre la mesa el problema que una pequeña parte de este colectivo genera en Gipuzkoa. Maite Etxaniz, diputada de Política Social, señala que la institución tiene la obligación legal de tutelar a estos chavales, pero carece de competencias para tomar medidas coercitivas contra los más conflictivos.

- Veinticinco detenciones en once días, centros de acogida incendiados… ¿Qué está pasando?

- La Diputación tiene la obligación legal de tutelar a estos menores. El problema estriba en que si trabajas bien, existe un efecto llamada. Otras comunidades no están haciendo las cosas como en Euskadi. De ahí que tengamos una proporción de menores más alta que cualquier otra comunidad, salvo Canarias y Ceuta. Vienen porque se les atiende bien. Y es así por imperativo legal y porque los vascos somos solidarios.

- ¿Les ha pillado el toro?

- El año pasado abrimos siete centros para adecuarnos a la demanda. Es cierto que ésta ha ido creciendo y que siempre hemos ido por detrás. Estamos reaccionando rápido y bien. Esto no quita para que si siguen llegando tengamos que abrir más recursos. Nosotros no controlamos cuántos van a venir, nos los encontramos en la puerta del recurso de urgencia.

- ¿Cómo es posible que apenas dos docenas de adolescentes tengan en jaque a la Diputación, a la Er – tzaintza, a la Guardia Municipal, a los ayuntamientos…?

- No olvidemos que chavales de aquí también mantienen en jaque a todas esas instituciones. Centrándonos en los menores extranjeros, está en vigor una Ley del Menor que por definición tiene que ser garantista. Ahora bien, está claro que entre la Ley del Menor, la Ley de Extranjería y el decreto de centros del Gobierno Vasco no se resuelve este problema. Las leyes están pensadas en un contexto y si éste cambia lo lógico es que la norma se adecue. Esto es lo que estamos pidiendo.

- ¿Por qué en el centro de Deba, donde se acoge a los más conflictivos, la fugas son constantes?

- No tenemos las herramientas suficientes para que funcione como nos gustaría. Podemos actuar dentro del centro, pero no fuera. Los menores están protegidos por una ley que hace muy difícil tomar otras medidas.

- ¿No existe ningún resquicio legal para evitar que salga del centro un chaval que haya delinquido repetidas veces?

- No, la Administración no puede hacer trampas a la ley. Estamos pidiendo las competencias precisas para una tutela efectiva. El decreto de centros estipula cuáles son las medidas de contención que se pueden aplicar a los menores. No contamos con otras herramientas.

- ¿Estas medidas permiten retener en el centro a un chaval con un historial delictivo reincidente?

- No se le puede impedir que salga, aunque procuramos que no pueda hacerlo, que no tenga posibilidad, dándole tareas a realizar. Ahora bien, es evidente que se puede fugar y es lo que está pasando. Nuestros centros, por ley, tienen que ser abiertos. Si adoptáramos una medida de sujeción del menor, de inmediato tendríamos una demanda.

- Es decir, da un portazo y se va, y no pasa nada…

- Es así.

- Si el educador lo mete dentro, ¿qué ocurre?

- El chaval lo denuncia. Los educadores están expuestos a causa penal en cada momento. En Deba, quien tiene que andarse con cuidado es el equipo educativo. Le pongo un ejemplo. El hecho de hacerles fregar ha supuesto un motín. Algunos se fugaron por este motivo. Han interpuesto denuncias alegando que la comida estaba fría, cuando habían llegado tarde y podían calentársela en el microondas… Estamos en ese nivel. Este es el maltrato denunciado.

- Es absurdo. Es evidente que la normativa hace aguas…

- Es que no existe normativa, esta realidad no está prevista y, por tanto, no hay una pauta para atajar estos hechos. No podemos estar entre la espada y la pared. Unos nos piden mano dura y otros manga ancha. Esta es la realidad.

- Entonces, no hay solución. Ustedes piden un cambio legal que debe debatirse en el Parlamento español, algo que puede durar meses. ¿Y, entre tanto?

- Deberían tomarse medidas transitorias que nos faciliten alguna labor que ahora no podemos acometer. Nosotros y los educadores no podemos incumplir la ley.

- ¿Disponer de competencias para gestionar centros cerrados sería una solución?

- Podría ser. Otra alternativa pasaría por contar con vigilancia policial en los existentes. La sociedad no se puede permitir tener este problema. Algo habrá que pensar, sin cercenar los derechos de nadie ni los planes educativos.

- El centro de Zumarraga es cerrado. ¿Por qué no se utiliza?

- Algunos han ido allí, pero después de cometer una larga lista de delitos. La ley distingue entre faltas y delitos. Para que un menor termine en un centro de reforma el historial tiene que ser enorme.

- Hay quien dice que la ley es demasiado garantista para unos chavales que, si bien son menores, en la práctica son más maduros que lo que su edad indica. ¿Qué opina?

- Tienen una experiencia vital tremenda. Nunca llegaremos a pasar por lo que han experimentado. No han tenido una vida fácil. La mayoría viene con ganas de iniciar un proyecto de vida, pero un 10% rechaza todo lo que se le plantea.

- ¿Cree que han tomado la medida a nuestras leyes y que saben perfectamente que son intocables?

- Sí, está claro. Saben cuáles son sus derechos, pero no sus deberes. Es muy difícil trabajar con ellos. Están bien informados de los pasos que deben seguir. Queremos enseñarles que tienen que respetar las normas del entorno en el que viven ahora. La mayoría se amolda, pero unos pocos no.

- Usted afirma que el efecto llamado existe. ¿Gipuzkoa es un chollo y de ahí que se animen los unos a los otros a venir?

- El cumplimiento de la ley provoca el efecto llamada. Se respetan sus derechos, disponemos de recursos… Respetamos la ley y esto provoca la llegada masiva. Entre ellos tienen contactos e incluso se les asesora para que vengan a Euskadi. ¿Hay que hacerlo mal para que no vengan? Creo que no. El 82% de los 221 menores atendidos están escolarizados y se merecen que lo hagamos bien. Los guipuzcoanos somos solidarios.

- ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar para que el problema se encauce?

- Se deben establecer cupos por territorios. Tenemos una red dimensionada para el momento actual. Si llega una oleada de chavales, tendríamos que ampliar los recursos, pero éstos no son infinitos. El reagrupamiento familiar de los menores que no quieren aprovechar los recursos debería ser inmediato. También sería eficaz el cambio de la legislación, para que podamos disponer de centros cerrados. De lo contrario, el problema se traslada a la calle.