La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ordenó ayer el ingreso en prisión bajo fianza del comisario de la Policía Nacional detenido por presuntamente alertar a los prostíbulos Saratoga y Riviera, de Castelldefels (Barcelona), de redadas policiales a cambio de importantes sumas de dinero.

Fuentes judiciales explicaron que el comisario L. G. eludirá entrar en la cárcel pagando una fianza de 5.000 euros y que la magistrada Elisabeth Castelló le imputa, entre otros, los delitos de revelación de secretos, soborno y favorecimiento de la inmigración y la prostitución ilegales, cargos que el detenido negó ante la juez.

Los Mossos d’Esquadra arrestaron el martes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a L. G., quien actualmente era comisario jefe coordinador de las comisarías locales y trabajaba en la Jefatura Superior de Policía de Catalunya, aunque anteriormente había dirigido la brigada de extranjería.

Se da la circunstancia de que L. G. se presentó voluntariamente el jueves de la semana pasada en el juzgado para aclarar su versión pero la magistrada no quiso recibirle, aunque ayer ordenó su detención al vincularle con los supuestos pagos de los dueños de los prostíbulos a altos cargos policiales para obtener su protección y avisarles de redadas.

Con esta ya son diez las personas implicadas en la trama, entre ellas, el ex jefe de un grupo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (Ucrif), que se encuentra en prisión preventiva, y el actual inspector jefe de la unidad, quien eludió ingresar en la cárcel pagando una fianza de 2.500 euros.

La juez también ordenó el ingreso en prisión del director y uno de los dos dueños del Saratoga, así como de uno de los propietarios del Riviera, mientras que los otros dos responsables de ambos clubes quedaron en libertad con cargos, como un inspector de Policía que actualmente está destinado a Alicante y un ex agente.

La magistrada imputa a los implicados delitos relativos a la prostitución y la inmigración ilegales y contra los derechos de los trabajadores, así como cohecho – soborno a funcionario público – , pues supuestamente los agentes alertaban a los responsables de los prostíbulos de las redadas policiales a cambio de dinero y regalos, como joyas y relojes.