Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que “decenas de miles” de   personas “se consumen cada año en los centros de detención para   inmigrantes de Estados Unidos” sin que se celebre una vista para   determinar si su detención está justificada. Asimismo, en un informe   presentado hoy, la organización de Derechos Humanos señaló que el   número de inmigrantes detenidos cada día se ha triplicado desde 1996 
y recordó que la decisión sobre las detenciones corresponde en   exclusiva a los funcionarios de inmigración, sin que haya un órgano   judicial encargado de revisar cada caso.  
   La sección estadounidense de Amnistía Internacional presentó hoy   el informe ‘A la cárcel sin justicia: Detención por motivos de   inmigración en Estados Unidos’, en el que se muestra que, en poco más   una década, el número de inmigrantes recluidos cada día se ha   triplicado: de 10.000 en 1996 a más de 30.000 en 2008.   
   Es probable que la cifra aumente aún más en 2009, afirmó AI, ya   que “la mayoría de los detenidos tienen grandes dificultades para   conseguir un abogado o ayuda con la que conducirse por el complejo   proceso legal”. “Hay personas que se desesperan tanto que acceden a   ser expulsadas aunque sus circunstancias no lo justifiquen”, añadió.  
   Entre los detenidos, según la organización, figuran personas con   residencia legal permanente en el país, inmigrantes indocumentados,   solicitantes de asilo y supervivientes de tortura y de trata de seres   humanos. “Para algunos de ellos, un funcionario de inmigración es la   instancia final, y la única, que decide sobre su detención”, denuncia   el informe. En otros casos, “la detención ni siquiera se revisa”,   añade.   
   Por ello, recordó Amnistía, las organizaciones de Derechos Humanos   han subrayado la necesidad de que un órgano judicial revise cada caso   para determinar si la detención es necesaria. “En el sistema actual,   plagado de errores y sin un mecanismo de supervisión significativo,   la detención en sí misma puede, en la práctica, sellar el destino de   un inmigrante”, advirtió AI. 

“País de inmigrantes”   
   “Estados Unidos debe sentir indignación por la magnitud de los   abusos contra los Derechos Humanos que tienen lugar dentro de sus   propias fronteras”, manifestó el director ejecutivo de AI de Estados   Unidos (AIUSA), Larry Cox. “Las autoridades están encerrando sin el   proceso debido a miles de seres humanos y recluyéndolos en un sistema   por el que resulta imposible circular sin el equivalente jurídico a   un GPS”, añadió.   
   “Estados Unidos ha sido desde hace mucho tiempo un país de   inmigrantes, y los Derechos Humanos de estos inmigrantes, ya lleven   aquí cinco años o cinco generaciones, deben respetarse”, prosiguió   Cox. “El Gobierno estadounidense debe garantizar que toda persona   detenida por motivos de inmigración tiene acceso a una vista en la   que se determine si esa detención es necesaria”, advirtió.  
   El informe de AIUSA revela, además, que el coste medio de mantener   recluido a un inmigrante es de 95 dólares por persona y día, es   decir, unos 2.850 dólares al mes, o lo que es lo mismo, “un total de   cientos de millones de dólares que los contribuyentes pagan al año”.   Al respecto, recordó que se ha puesto en marcha un programa   alternativo, con un coste de sólo 12 dólares al día, que en los casos   en que se ha aplicado ha permitido que la comparecencia ante los   tribunales de inmigración fuese del 91 por ciento.  
   “Según el derecho y las normas internacionales, la detención sólo   debe utilizarse en circunstancias excepcionales, debe estar   justificada en cada caso individual y debe ser objeto de revisión   judicial”, advirtió AI. “Para muchos inmigrantes, la libertad está   fuera del alcance, porque las fianzas son desmesuradamente altas”,   agregó.   
   El informe cuenta el caso de una mujer china que relató a los   investigadores de AIUSA que había huido de su país después de que su   madre y ella recibieran una paliza en su casa por repartir folletos   religiosos. Pidió asilo en Estados Unidos en enero de 2008, pero un   funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE,   por sus siglas en inglés) decidió que debía permanecer detenida a   menos que pagara una fianza de 50.000 dólares. No tenía derecho a   apelar contra esta decisión, y a su familia le costó casi un año   reunir el dinero para conseguir su liberación.  
   El documento recoge otros casos significativos, como el de un   hombre de 37 años, con residencia legal permanente, que fue expulsado 
a Haití por poseer abonos de autobús robados, o los de varias   personas con ciudadanía estadounidense o con residencia legal   permanente en Estados Unidos que fueron sometidas indebidamente a   detención obligatoria y pasaron “meses o años” entre rejas antes de   poder demostrar que no había motivo para expulsarlas.

Abusos en las cárceles   
   Para dar cabida a los inmigrantes detenidos, cuyo número sigue   aumentando, el ICE recurre cada vez con más frecuencia a la firma de   contratos con cárceles estatales y locales: unos 350 de estos centros   albergan al 67 por ciento de todos los inmigrantes detenidos.   
   En estos centros, que en teoría deben cumplir las normas de   detención del ICE, “tanto la supervisión como la rendición de cuentas   por los abusos o la desatención bajo custodia son prácticamente   inexistentes, lo que da lugar a prácticas que violan las normas   internacionales”, aseguró AI. “Por ejemplo, es frecuente que a los   inmigrantes se los someta a instrumentos de coerción excesivos, como   esposas, cadenas en la cintura y grilletes, y que se los recluya   junto a individuos encarcelados por delitos penales”, añadió.  
   El informe denuncia también las dificultades de los inmigrantes   detenidos para conseguir atención médica y destaca que al menos 74   han muerto bajo custodia en los últimos cinco años. Al respecto, cita   el ejemplo de un inmigrante de Afganistán de 27 años de edad, que   llegó a Estados Unidos junto con su familia como refugiado a los   siete años y que empezó a orinar sangre no mucho después de ser   detenido, además de sentir fatiga, dolor y malestar constantes. Tuvo   que esperar seis semanas para ver a un médico y, al cabo de nueve   meses, no había recibido aún ni diagnóstico ni tratamiento.