DV. La Diputación asegura que una de las claves para reconducir el problema generado por los menores extranjeros conflictivos es el reagrupamiento con su familia en el país de origen. Este medida, sin embargo, escapa a las competencias forales. El Gobierno central es el que tiene la potestad legal para llevar a efecto esta iniciativa.
Los responsables forales de los tres territorios han pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno central que ejerza la citada competencia, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Fuentes de la Diputación de Gipuzkoa indicaron ayer que en la próxima reunión de la Comisión Inter-institucional de directores de Infancia, adscrita al Ministerio de Educación, el tema se volverá a poner sobre la mesa. «Esta es una reclamación común de muchos territorios del Estado. La diputada alavesa de Política Social se manifestaba esta misma semana en este sentido», indicaron estas fuentes.
Los responsables guipuzcoanos explican que la legislación es clara sobre el reagrupamiento. «Nosotros no podemos hacer nada. Es un tema del Gobierno central y, en su caso, de su representación aquí, la Subdelegación. De ahí que les hayamos pedido una implicación mayor».
El procedimiento de reagrupación familiar, según explican las fuentes forales, se inicia de oficio por la Subdelegación del Gobierno o, en su caso, a propuesta de la entidad pública que ejerce la tutela del menor. «La Diputación, cuando declara la situación de desamparo y asume la tutela, solicita a la Subdelegación que inicie este procedimiento, conforme al principio de reagrupamiento», señalan las fuentes indicadas.
Localizar a la familia
Corresponde a la Comisaría General de Extranjería realizar las gestiones necesarias ante las embajadas y consulados para localizar a los familiares del menor.
Para que la Subdelegación pueda efectuar el reagrupamiento familiar es necesario, además de haber localizado a la familia, que se den las condiciones en ésta para una adecuada tutela.
Otros requisitos a cumplir son que se verifique que no existe peligro para la integridad del menor y que éste sea escuchado. Finalmente, debe realizarse un informe favorable por parte de los servicios de protección de menores.
Desde la Diputación se subraya que sólo el 10% de los adolescentes extranjeros tutelados presenta problemas, siendo derivados a programas especiales. De este porcentaje, un 3% tampoco responde a estos planes específicos. Para este pequeño colectivo se solicita el reagrupamiento.
Otra de las limitaciones a las que se enfrenta la Diputación es la falta de atribuciones legales para la adopción de medidas restrictivas de libertad para los menores que no cumplan las normas de los centros o se fuguen. Únicamente los jueces de menores pueden adoptar medidas de internamiento.