DAVINIA DELGADO

CÓRDOBA. Las nacionalizaciones de extranjeros se suceden sin pausa y a un ritmo cada vez mayor. El número de expedientes tramitados el año pasado se disparó nada más y nada menos que un 185 por ciento, a pesar de las promesas del Ejecutivo de evitar regularizaciones masivas.

Si en 2007 se contabilizaron 687 casos, el último ejercicio la cifra casi se triplica, al alcanzar los 1.961 documentos cursados.

De ese total, una significativa mayoría se refiere a súbditos saharauis (más de 800) e hispanoamericanos, que en 2005 se acogieron al proceso de regularización abierto por el Gobierno y que, en base al artículo 22 del Código Civil, pueden obtener la nacionalidad una vez hayan transcurrido dos años desde que la solicitaron.

En lo que respecta a los expedientes de saharauis, la elevada cifra de historiales aprobados apenas representa la mitad de los tramitados en el Registro Civil.

Regularización masiva

Cabe recordar que el año pasado se produjo una avalancha de nativos de la ex colonia ante las puertas del Juzgado de Primera Instancia número 5, donde tiene su sede el Registro, que demandaban la nacionalización al amparo de una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 que reconoce la condición de apátridas de los antiguos habitantes del Sáhara. Este estatus, unido a su herencia histórica, les permitió obtener la documentación y les dio derecho a residir y trabajar en el país como ciudadanos de pleno derecho.

No obstante, el fiscal jefe, José Antonio Martín – Caro, frenó de lleno el proceso y solicitó la práctica de las diligencias «para esclarecer el domicilio del promotor del expediente, e informará en el sentido de estimar la incompetencia del juzgado encargado del Registro Civil donde se presente la solicitud si no resultara acreditado que el promotor tiene residencia en ese partido judicial», informó entonces en un comunicado.

En dicho escrito se señalaba que la competencia de consolidar la nacionalidad española corresponde al Registro Civil donde estén empadronados y en el caso de los saharauis «corresponderá al Registro Civil Central», y no al de Córdoba.

Actualmente, los expedientes intervenidos están divididos en tres grupos. Por un lado, se encuentran los que se autorizaron en el mismo Registro Civil sin la intervención del fiscal. Ascienden a unos 50 y son nulos de pleno derecho, según informó el Ministerio Público.

En un segundo grupo están las solicitudes que contaron con el informe favorable de la Fiscalía, pero que fueron recurridos una vez se detectó la ilegalidad del proceso de nacionalización. Superan los 200 y están pendientes de una resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado.

En el último conjunto figuran los casos que contaron con el visto bueno del fiscal y no fueron recurridos en su momento. En este caso – que aglutina la mayoría de procedimientos, más de 500 – se han comenzado a abrir expedientes administrativos de revisión de los que se hicieron en su momento para determinar la legalidad o no de las autorizaciones.