Madrid

Si Izaskun Buelta, la joven con síndrome de Down que salió en televisión pidiendo trabajo a Zapatero, hubiera nacido en Quito o en Tánger en vez de en Pamplona, directamente se le habrían saltado las lágrimas al hablar. Porque si al hecho de tener una discapacidad se le añade la condición de inmigrante, el grado de discriminación llega a límites insospechados. El 65% de los extranjeros residentes en España con algún tipo de minusvalía no trabaja y casi todos los que consiguen empleo se ven condenados a hacerlo en la clandestinidad o con un contrato temporal. Si tienen suerte, llegan a mileuristas: apenas el 5% gana más de 1.000 euros mensuales.

Son cifras recogidas en el informe Las personas inmigrantes con discapacidad en España del Ministerio de Trabajo e Inmigración, el primer estudio de este tipo que se realiza en nuestro país y que concluye que este colectivo «presenta muy bajos niveles de inserción sociolaboral, con altos niveles de precariedad».

La investigación, que se presentó ayer en Madrid, da otras cifras alarmantes, como que un significativo número de inmigrantes con discapacidad – el 24% de los entrevistados – adquirió esta condición al llegar a nuestro país. Esto significa, en otras palabras, que se quedaron minusválidos desempeñando trabajos de alto riesgo, de esos que nadie quiere hacer; por ejemplo, en la construcción.

Este porcentaje también cuestiona nuestro sistema de prevención de accidentes laborales y, asimismo, pone en duda el mito de que los inmigrantes vienen a España para beneficiarse de nuestras prestaciones sociales. El estudio señala, de hecho, que sólo uno de cada tres entrevistados recibe pensión o ayuda económica por su minusvalía. El 67% restante no puede acceder a estas subvenciones.Actualmente, el certificado de discapacidad sólo se facilita a los extranjeros que tienen permiso de residencia.