La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila (ERC), instó ayer a los ayuntamientos a unirse y trabajar conjuntamente con la Generalitat para rechazar la decisión del Gobierno central de recortar un 30% el fondo estatal de acogida e integración para las comunidades autónomas. Este fondo permite llevar a cabo algunas de las políticas de inmigración que gestionan los departamentos de Educació y Acció Social. Capdevila aseguró que, en un momento de crisis como el actual, es necesario incentivar las políticas públicas que generan ocupación y favorecen la protección social.
La Generalitat juzga “inadmisible” la decisión del Gobierno central y argumenta que no es de recibo que las administraciones que trabajan más cerca del ciudadano vean reducida su capacidad de maniobra. También CiU anunció que presionará al PSOE para que cambie de opinión. Según la Generalitat, Catalunya invierte 166 millones de euros en políticas de ciudadanía e inmigración, mientras que el Gobierno central solo aporta 30 millones de euros. Este presupuesto se destina a reforzar servicios públicos, ofrecer profesores de refuerzo para aulas de acogida y ampliar los cursos iniciales de catalán.