Los testigos dicen que la Guardia Civil le pinchó el salvavidas, aunque no sabía nadar Madrid

El Comité contra la Tortura de la ONU ha pedido a España que aclare la muerte del senegalés Lading Sonko, que falleció ahogado en septiembre de 2007 después de que la Guardia Civil lo interceptara cuando intentaba entrar a nado, de forma ilegal, en Ceuta con la ayuda de un flotador. Testigos presenciales aseguran que los agentes le llevaron de vuelta hasta aguas marroquíes en una patrullera y, tras pincharle el salvavidas con un cuchillo, le tiraron al mar en plena noche en una zona en la que no hacía pie, a pesar de que éste les había advertido que no sabía nadar.

El caso fue archivado por un juzgado de Ceuta por falta de jurisdicción española, ya que el fallecimiento se produjo en la costa de Marruecos.La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta también dio carpetazo al asunto.

Ahora, el órgano internacional encargado de vigilar la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes lo ha recuperado a instancias de Fatou Sonko, la hermana del sin papeles. Naciones Unidas ha pedido al Reino de España que «proporcione cualquier información» sobre las circunstancias de la muerte.

Según las fuentes consultadas, España ha contestado recientemente.Ha asegurado que la Guardia Civil actuó dentro de la legalidad y ha alegado que la hermana del fallecido no puede pedir amparo a un tribunal internacional porque el procedimiento judicial en España no está cerrado.

Sin embargo, el abogado de la familia senegalesa, Alberto Revuelta, insiste en que sí está archivado, ya que la Audiencia Provincial ha confirmado el auto de sobreseimiento libre, que no fue recurrido.

En su denuncia, la hermana del fallecido argumenta que «el arrojar por la borda u obligar a que se arrojen a los inmigrantes recogidos a bordo de las patrulleras de la Guardia Civil al llegar a las costas marroquíes supone un trato inhumano y degradante, vejatorio de la dignidad personal de los así tratados y gravemente peligroso para la vida humana».

Responsabiliza a España porque los hechos se produjeron en una patrullera «bajo pabellón español». «Y es el Reino de España el responsable de lo que suceda en la misma, de las consecuencias de lo que allí ocurra y de la protección debida a quienes se encuentran bajo tal pabellón, protección que brilla por su ausencia, como lo demuestra la muerte por ahogamiento del señor Sonko», añade.

El Instituto Armado ha reconocido que es una práctica «habitual» devolver por mar a los sin papeles que intentan colarse desde Marruecos a bordo de colchonetas de playa hinchables o neumáticos, a pesar de que el procedimiento que marca la ley pasa por detenerlos y abrir el correspondiente expediente administrativo.

Por eso la denunciante considera que el Gobierno de España, «a través de sus funcionarios policiales actuantes», ha violado varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, ya que estaba obligado a tomar declaración a Sonko, informarle de sus derechos y proporcionarle un abogado. Ninguno de estos trámites fue realizado.

España ratificó en 1987 la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y ha hecho la declaración prevista en el artículo 22 de esta Convención, en la que reconoce la competencia del Comité para examinar las comunicaciones enviadas por personas que aleguen ser víctimas de violaciones de las disposiciones recogidas en el texto.

Según fuentes jurídicas, los 10 expertos en derechos humanos que integran el Comité tienen la potestad para emitir un dictamen contra nuestro país que, aunque no tiene carácter vinculante, sí podría influir para mejorar la forma en que las patrullas interceptan inmigrantes indocumentados en aguas de Ceuta y Melilla.

La resolución no llegará, en cualquier caso, antes de final de año. Mientras tanto, la familia no se da por vencida y ha presentado en España una reclamación patrimonial por daños derivados de la actuación de la función pública. Demandan una indemnización de entre 60.000 y 70.000 euros por la responsabilidad de los guardias civiles en la muerte del senegalés.