Cien parlamentarios conservadores pidieron ayer al Gobierno al que apoyan que enmiende un decreto de ley sobre la seguridad, que obliga a los médicos a denunciar a los inmigrantes clandestinos que recurran a sus servicios.
La pasada semana nueve sindicatos médicos también rechazaron el decreto, diciendo: “No somos espías”. “Son normas inaceptables que necesitan correcciones indispensables”, escribieron los cien diputados, solicitando al Ejecutivo de Silvio Berlusconi que no transforme el voto del decreto en una moción de confianza al Gabinete, que obligaría a la mayoría a votarlo. “La norma es contraria a los derechos humanos, principalmente de la infancia y la maternidad”, añadieron.
“Es inconstitucional”, declararon los sindicatos médicos, vaticinando el nacimiento de una sanidad paralela y el descontrol de enfermedades desaparecidas. El opositor Marco Minniti consideró: “se juega una batalla sobre la civilización de nuestro país”.