UNa de las principales aportaciones de la Encuesta a la población inmigrante 2008 es que ofrece una fotografía bastante certera sobre la situación del fenómeno migratorio en Navarra, no sólo por las conclusiones que de ella se desprenden, sino porque se analiza la inmigración desde una perspectiva multidimensional atendiendo a datos de población, condiciones de vida, inserción laboral, escolarización, relaciones personales y salud, entre otros. Desde esa visión, los datos sobre la inmigración en Navarra dibujan un escenario positivo en el que se puede hablar de un “modelo razonable de integración social” y en el que se ratifica que las acciones económicas y sociales emprendidas han dado sus frutos. Según este informe, la población inmigrante ha alcanzado importantes cuotas de bienestar social y de integración. Así, el grueso de las 64.518 personas inmigrantes que residen en Navarra goza de un nivel de vida aceptable y la mayoría está en situación legal, es decir, tienen papeles, muchos de ellos vivienda, pareja de aquí… y en definitiva han contribuido a aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social y el crecimiento demográfico, ya que han sido el factor clave para invertir el envejecimiento de la población navarra. Sin embargo, en medio de ese panorama esperanzador y optimista han comenzado a saltar las alarmas. Demasiadas miradas se dirigen hacia los inmigrantes en este momento de crisis y desempleo. Además de la inestabilidad económica, los planes de retorno, las nuevas políticas migratorias (como la suspensión de los contratos en origen), la posible modificación del sistema de reagrupamiento familiar y otras medidas anunciadas para establecer cupos de inmigrantes dibujan un nuevo escenario legal que podría repercutir negativamente en las condiciones de vida de muchos inmigrantes, en un momento en el que las razones económicas que se emplearon a favor de su llegada se vuelven en su contra, trazando una nueva línea de separación entre autónomos y foráneos. La sociedad tendrá que buscar alternativas para conseguir que todos los navarros, también los que han venido a vivir y tienen interés en permanecer en nuestra comunidad, no retrocedan en sus derechos. Si se quedan, pero bordeando la ilegalidad y desprotegidos en su sistema de supervivencia social y familiar, serán una población de riesgo proclive a la exclusión y la marginalidad, lejos del modelo de una sociedad cohesionada.