El fiscal pide prisión para un inspector y un ex mando de la Policía por aceptar sobornos de prostíbulos
ABC, 18-03-2009J. GUIL
BARCELONA. La investigación judicial bajo aún bajo secreto de sumario contra los macroprostíbulos Saratoga y Riviera de Castelldefels (Barcelona) se centró ayer en la toma de declaraciones de los agentes o ex agentes de la Policía Nacional imputados en la causa, cuatro hasta ahora, a los que se acusa de aceptar sobornos de los burdeles a cambio de favorecerles con acciones como avisarles de redadas policiales para detectar a inmigrantes irregulares.
El primero en comparecer ante la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, Elisabeth Castelló, fue el ex jefe de la Unidad Contra Redes, Inmigración Ilegal y Falsedades documentales (Ucrif) de la Policía Nacional en Barcelona, el ex inspector Andrés O., que fue detenido anteayer y que actualmente trabaja en la seguridad privada. El fiscal pidió para él prisión sin fianza.
Tras Andrés O. declaró su sucesor y actual director jefe de la Ucrif en Barcelona, el inspector Abundio N., para quien el fiscal reclamó prisión eludible con una fianza de 5.000 euros, según fuentes del caso. Ambos agentes están acusados entre otros de los delitos de cohecho y revelación de secretos y conocerán hoy la decisión de la juez sobre su futuro procesal.
Durante su declaración, Abundio N., a quien se le reprodujeron conversaciones telefónicas suyas intervenidas, negó los cargos.
También declararon como imputados un agente ahora destinado a la Ucrif de Alicante, José María M., y un ex subinspector de la Ucrif de Barcelona, Ignacio L., que quedaron en libertad con los mismos cargos que los otros agentes imputados.
Tras meses de investigación, la jueza ordenó la semana pasada el cierre provisional, por seis meses, del Riviera y el Saratoga, y envió a la cárcel a uno de los propietarios del Riviera, Antonio H., y a otro del Saratoga, Raul P., por un delito contra los derechos de los trabajadores, cohecho, contrabando y favorecimiento de la prostitución.
La parte de la investigación que indaga la supuesta corrupción policial se inició a raíz de una querella que la fiscalía presentó contra el ex inspector jefe del grupo de Extranjería y Documentación José Javier M.P., tras ser denunciado por el dueño de un club de alterne por extorsión.
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