DESPUÉS de casi tres décadas de campañas y normas lingüísticas se han disparado todas las alarmas en la Generalitat porque, al parecer, en Cataluña hay bares en los que no se sabe lo que es un tallat, vulgo cortado. Hasta los más templados analistas del nacionalismo menos radical se frotan los ojos y se rasgan las vestiduras ante el relato angustiado y dramático de aquellos ciudadanos que no fueron entendidos en los bares por el simple hecho de pedir la consumición en la lengua vernácula. Eso, como poco, es igual de grave que salir del colegio hablando mal el catalán, peor el inglés y el castellano en versión frijolito.
Según quienes han experimentado la amarga situación de topar con la gélida mirada de una camarera ucraniana o con el desdén lingüístico de un barman moldavo, el mal trago dura días, a veces semanas, y ya se sabe que no es fácil cambiar de bar. Según y cómo, las dificultades pueden ser inabordables. El café sabe distinto, tal vez los servicios no estén tan limpios, la música, la decoración, en fin…
Para poner remedio a esa discriminación que sufren cada día cientos, tal vez miles, de ciudadanos en la barra de los bares catalanes, la Generalitat amenaza con sanciones que sin duda frenarán el desprecio cotidiano que padece el catalán desde las granjas de toda la vida hasta los bares de carretera con peor fama.
A partir de ahora, los inspectores lingüísticos velarán porque se pueda desayunar o pedir un cuba libre en catalán así en Berga como en Lloret sin que el cliente sufra un ninguneo lacerante del que sólo se sale hablando en el idioma del imperio, también llamado cristiano antes de la transición. Se ha acabado con la impunidad de los «machupichus» que pueblan la hostelería y que insisten en hablar en castellano ignorantes (o no) de la realidad nacional. Sin embargo, esa irritación indisimulada cuando el servicio no entiende nuestras órdenes tiene algo de chungo y mucho de clasista, como de alférez provisional en tierra reconquistada.
Pablo
Planas